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La Ley de la Selva

OPINIÓN

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La CNTE con el pretexto de la reforma educativa; los policías federales que no quieren ir a la Guardia Nacional; los taxistas que buscan hacer a un lado a la competencia... la CDMX padece la ausencia de autoridad que, bajo el argumento de no reprimir –que más bien suena a pretexto-, ha decidido ser omisa, dejar de ser gobierno y renunciar a su responsabilidad de aplicar la ley. Vivimos a expensas del caos que algún grupo social decida patrocinar. Lo mismo Periférico que Reforma o el AICM, son sede de plantones y manifestaciones. Causas justas y no tanto, legítimas y hasta ilegales, han tomado la medida a Claudia Sheinbaum y su gobierno que luce rebasado para maniobrar con el descontento social que siete de cada 10 protestas, ni siquiera es contra el gobierno capitalino.

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Cada problemática es distinta. Encasillarlas nos llevaría a equivocar. Pero este texto no es sobre si las demandas de la CNTE, los policías federales, los taxistas u otro grupo social, son válidas, legítimas y tienen o no razón de ser. El asunto es que cualquiera que sienta un agravio, vea afectado un interés o quiera presionar para avanzar su agenda, puede bloquear la ciudad impunemente. Un grupo de 200 –como el del viernes en el AICM– o mil –como el del lunes, con los taxistas– puede estrangular la capital, desquiciarla y afectar la vida de millones. No importa el tamaño, ni la causa. Saben que pueden impedir la libre circulación y nadie les dirá nada. Es más, muy probablemente lograrán lo que piden. La fórmula está probada. Asistimos a la democratización del caos.

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El gobierno de la CDMX ha sido superado. Está claro que los canales para amortiguar el malestar social no funcionan. La Secretaría de Gobierno en la Ciudad no ha logrado atenuar las inconformidades que salen del Palacio del Ayuntamiento a las calles. Es tal la situación, que para contener la movilización de taxistas, por ejemplo, debió intervenir Gobernación. Sólo así se logró desactivar un conflicto que en el gobierno de la Ciudad se salió de control. Las marchas no son nuevas. Se cuentan por miles desde hace años. No creo que se trate de prohibir. El derecho a la protesta debe salvaguardarse. Lo que debe hacerse es regular para conciliar el derecho a la manifestación y al libre tránsito.

¿Se puede? Pienso que sí. Otras grandes ciudades lo han hecho. En Berlín, debe informarse ruta, lugar y cantidad de participantes 48 horas antes de las protestas que, además, están prohibidas en monumentos históricos; en Madrid es necesario avisar fecha, ruta y motivo 10 días antes, y si las autoridades consideran riesgo de disturbio se pueden prohibir; en Londres se debe saber ruta, fecha, lugar y datos de organizadores seis días antes. ¿Se quiere? Ese parece el problema. Desde el gobierno local se repite que “no se reprimirá”. Muy bien. Pero, ¿en serio la disyuntiva está entre no hacer nada y “reprimir”?

 

 

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN 

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM 

@MLOPEZSANMARTIN

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