La austeridad republicana es una de las principales banderas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su campaña, ofreció aplicar un gasto austero en el ejercicio del gobierno: un ahorro aproximado de 500 mil millones de pesos que servirían para impulsar proyectos y programas de carácter social.
No obstante las críticas que el plan de austeridad generó, el 30 de abril, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana, según dijo la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, permitirá administrar con austeridad, eficiencia y eficacia los recursos públicos.
Tras una larga discusión en el Senado, el 2 de julio se aprobó el dictamen que establece que será facultad del Presidente definir el destino de los ahorros generados gracias a este ordenamiento. La medida fue rechazada por los legisladores de oposición bajo el argumento de éstos serían destinados a programas sociales con fines electorales.
Entre los ahorros se encuentran los 205 mil 122 pesos mensuales que por concepto de pensión recibía cada uno de los ex presidentes de la República.
La Ley de austeridad también prohíbe la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida, de separación individualizada o colectiva para funcionarios públicos.
Una de las medidas que mayor rechazo tuvo entre la oposición es la relativa a que los servidores públicos que se separen de su cargo no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años y no cinco como establecía la minuta enviada por la Cámara Baja. Pero… ¿qué tiene que ver eso con la austeridad? Supongamos que el mejor en algo (ustedes elijan: transplantes, negocios internacionales, informática) es reclutado por el gobierno para un alto puesto en el que tomará decisiones trascendentes. Al dejar ese puesto ¿de qué otra cosa buscaría trabajo esa persona, que no sea haciendo aquello en lo que es experta? La Ley de Austeridad también prohíbe las delegaciones de las dependencias del gobierno en el extranjero, como ProMéxico, encargado de promover la atracción de inversión extranjera directa y las exportaciones de productos y servicios.
Por las modificaciones hechas al dictamen en el Senado este volvió a la Cámara de Diputados, donde tan pronto como hoy mismo será aprobado en el Pleno, según dijo el coordinador morenista, Mario Delgado, quien enfatizó el propósito de “combatir la corrupción y poner fin al derroche, los lujos y la prepotencia de altos funcionarios públicos”. No veo quién estaría en contra de eso.
Bienvenidos los ahorros y la austeridad, aunque habrá que estar muy pendientes de que éstos no signifiquen un entorpecimiento en el funcionamiento de la administración pública, además del uso que se dé a esos recursos que, finalmente, son el dinero de todos.
POR GABRIEL BAUDUCCO
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