La idea de que Honduras es un país en crisis política debido a la penetración del narcotráfico toma cada vez más forma, según acusaciones durante juicios en EU que involucran a familiares cercanos del presidente Juan Orlando Hernández.
De creer las afirmaciones de Jason Richman, fiscal federal en Nueva York, el presidente hondureño recibía sobornos de traficantes a cambio de protección, a través de su hermano, el exdiputado Antonio Tony Hernández, detenido en Miami en noviembre de 2018 y ahora sometido a juicio.
La más llamativa de las acusaciones es que Tony Hernández habría recibido un millón de dólares del ahora encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán para la campaña electoral del Presidente.
El mandatario, que promovió una reforma constitucional para lograr su reelección en 2018, calificó la versión como digna de Alicia en el País de las Maravillas, pero no es la primera vez que hay planteamientos sobre la cercanía de la relación de grupos de delincuencia organizada con el aparato político hondureño o de otros países de la región.
En algunos casos son de personas que provienen del mismo pueblo, o estuvieron en los mismos círculos y fijaron relaciones que evolucionaron en complicidades.
Pero ya hace años que se rumora de la llegada del dinero "negro" para financiar las campañas presidenciales hondureñas, incluso la del ahora expresidente Porfirio Pepe Lobo, en 2010, y la del actual mandatario.
Los dos han cooperado con la política antidrogas de EU: el gobierno del primero logró la aprobación del acuerdo de extradición, en tanto que el segundo lo puso en práctica.
En ese marco, la lista de personas acusadas de delitos vinculados con el tráfico de drogas y enjuiciados en cortes estadounidenses incluye a Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo; y a Mauricio Hernández, primo del actual mandatario, que fue un mando importante en la policía nacional.
La lista de implicados incluye a exdiputados, exalcaldes y exministros: los hermanos Yankel y Yani Rosenthal, de una poderosa familia involucrada en bancos, comunicaciones y otros negocios, fueron acusados de lavado de dinero en beneficio del llamado Cartel de Los Cachiros, un grupo local vinculado al Cártel de Sinaloa. El primero fue ministro de Inversiones durante los primeros meses del gobierno de Hernández, en 2015, y el segundo lo fue de la Presidencia, con el presidente Manuel Zelaya.
Honduras no es un mercado de drogas, pero su posición geográfica lo convierte en un paso importante para el tráfico de cocaína. Se dice, por ejemplo, que cada "departamento" (estado) tiene un grupo de protección al paso de la droga, en complicidad con carteles como Los Cachiros o el Valles –que fue descrito como vínculo entre las organizaciones de narcotráfico de México, Colombia y Guatemala–.
La actividad de los grupos delictivos hondureños se ha extendido a actividades legales, incluso empresas de construcción que han tenido contratos gubernamentales.
Por lo pronto, ya hay manifestaciones por la salida de "el narcotraficante".
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
JOSE.CARRENO@HERALDODEMEXICO.COM.MX
@CARRENOJOSE1
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