El artículo 3º de la Constitución, recién reformado, reconoce el derecho de toda persona a la educación inicial y establece la inclusión como principio y criterio orientador de la educación desde la primera infancia.
Pero tenemos un largo camino para cumplir con el nuevo marco constitucional. La construcción de un sistema educativo incluyente dependerá, en gran parte, de los recursos destinados a ello y la reorientación de su ejercicio. Si queremos revertir la exclusión en el sistema educativo, necesitamos gastar más y mejor.
Sin embargo, el proyecto de presupuesto (PPEF) para 2020, a discutirse en la Cámara de Diputados, no refleja la voluntad política necesaria para emprender una transformación profunda en el sistema educativo. No apoya adecuadamente a las niñas, niños y jóvenes (NNJ), ni a sus maestras y maestros, ni a sus escuelas.
Aunado al recorte de 5.7% para el desarrollo integral en la primera infancia, no se prevén recursos para establecer una instancia coordinadora de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia.
Se propone recortar uno de cada cinco pesos destinados a becas para NNJ en contextos marginados, y la inversión propuesta para la formación inicial docente es la más baja desde el siglo pasado; vaya manera de fortalecer a las Escuelas Normales.
No se destinan recursos necesarios para fortalecer las relaciones y procesos de aprendizaje en las escuelas.
El dinero para la formación continua de docentes –apenas 159 pesos por maestro– es insuficiente para asegurarles oportunidades de aprendizaje profesional orientadas a promover la inclusión. Y reducir a casi la mitad los recursos para la implementación curricular quitará de las comunidades escolares apoyos fundamentales para aterrizar la transformación educativa.
Así también de grave, se propone continuar con la disminución observada desde hace una década de los recursos para los pocos programas que atienden a las NNJ más marginadas del país –indígenas, migrantes, y/o con discapacidad– y las escuelas más olvidadas –multigrado y telesecundarias–.
Lo anterior pone en entredicho el discurso de la administración federal de inclusión y equidad, de revalorizar a las y los docentes, de fortalecer a las Escuelas Normales. Más que una reforma, en educación, parece más de lo mismo: grandes aspiraciones, altas exigencias y pocos apoyos.
El PPEF es una propuesta insuficiente para hacer cumplir el artículo 3º y promover una educación incluyente desde la educación básica (incluyendo la inicial). Diputados, hagan lo necesario para al menos recuperar el gasto autorizado para 2019 y reorientar el presupuesto hacia la educación incluyente. SEP, realicen un diagnóstico de las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan las NNJ en el sistema educativo, y asignen recursos para promover su eliminación. Y transparenten los lineamientos, reglas de operación y aplicación de recursos.
Los discursos no cambian la realidad en las escuelas; el presupuesto destinado a la educación incluyente y su gasto responsable, sí.
POR JENNIFER L. O’DONOGHUE
DIRECTORA GENERAL DE MEXICANOS PRIMERO
@JENNODJOD
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