La reciente creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa manifiesta la voluntad política de esclarecer los hechos y lograr la pacificación y reconciliación del país.
Las comisiones para conocer la verdad surgen en el ámbito internacional para sancionar las conductas contrarias al Derecho Internacional Humanitario.
En el Derecho Latinoamericano la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplica la doctrina de incompatibilidad de leyes de amnistía que hacen prescriptibles las violaciones a los derechos humanos, por lo que existe la posibilidad de sancionar a los responsables una vez que sepamos verdaderamente lo que sucedió.
Por ello, el Estado mexicano está obligado a dar a conocer la verdad de los acontecimientos que violen los derechos humanos, además de investigar, procesar y sancionar a los responsables de este caso y cualquier otro que vulnere los derechos fundamentales. Lo anterior, a fin de construir el andamiaje perfecto que garantice la justicia y fortalezca al Estado de Derecho.
En México, el derecho a conocer los hechos en materia de transgresiones a los derechos humanos es reconocido como el “derecho a la verdad”, fundamentado en la Ley General de Víctimas como un derecho emergente con una dimensión colectiva e individual que sirve para conocer las circunstancias que propiciaron la violación a los derechos humanos, la identidad de los responsables y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
Si bien, el reconocimiento oficial por parte del Estado mexicano de este derecho, mediante la ley de la materia y la creación de este tipo de organismos representa el cumplimiento de sus obligaciones a nivel internacional, la estrategia para hacer cumplir el mismo ha fracasado. En el pasado se ha buscado resarcir la memoria histórica de las víctimas en vez de la reparación jurídica.
En todos los casos, los trabajos de estas comisiones finalizan con la creación de un informe que reconstruye las violaciones a los derechos, pero no logran dar a conocer la verdad o reparar el daño, por lo que la recién formada Comisión deberá seguir al menos las siguientes acciones para generar certeza jurídica y legitimidad en el esclarecimiento de los hechos: a) Tener el mandato más amplio para conocer los acontecimientos con independencia y autonomía de cualquier autoridad; b) Poseer los recursos suficientes para su operación; c) Lograr transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos y en su actuación.
El resultado de la investigación no deberá tomar como excluyentes de responsabilidad los argumentos de obediencia debida y razón de Estado para sancionar a los responsables. Asimismo, deberá subsanar el daño a los familiares de las víctimas, pues, de lo contrario no se podrá hablar de justicia. El Gobierno deberá reconstruir el tejido social y fortalecer a las instituciones para evitar otro intento fallido para conocer la verdad y como consecuencia el incumplimiento de otro derecho fundamental.
Colaboradora