El 2 de enero resultó electo el ministro presidente Arturo Zaldívar de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Al mismo tiempo ingresó como ministro un cercano al presidente AMLO, Luis González Alcántara Carrancá, quien fungió como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal durante su gobierno en la Ciudad de México.
En diciembre, antes de la aprobación de González Alcántara, las organizaciones de la sociedad civil descalificaron a los integrantes de la terna presentada por López Obrador e hicieron llamados al Senado para no aprobar ninguna de estas candidaturas, ya que sería muestra de pérdida de independencia y confianza en la institución. Sin embargo, el Senado claramente no compartió esta postura, lo que se demuestra con la votación obtenida en una segunda ronda, en la que de los 124 senadores presentes, 114 votaron a favor, cuatro en contra y se anuló un voto. El ministro electo se comprometió a hacer vigentes los derechos humanos que se plasman en las distintas convenciones internacionales.
En su discurso de toma de protesta, el ministro presidente señaló: “México está pasando un momento problemático, pero los momentos de crisis también son momentos de oportunidad”.
Lo anterior, claramente en alusión a los embates y descalificaciones de López Obrador, quien con sus señalamientos provocó que un grupo de sus simpatizantes tengan desde hace 25 días tomada la entrada principal del recinto. Los activistas exigen la renuncia de los ministros y otros reclamos. La industria de la protesta se hace presente impactando negativamente el quehacer institucional de la Suprema Corte de Justicia. Sin duda, una muy mala señal para la relación de poderes en un país que se dice democrático.
Ahora bien, la Corte es un órgano colegiado y estará sujeto a refrendar su independencia a la par de que se abre una oportunidad para recuperar la confianza a través de un renovado impulso a través de la transparencia.
A manera de ejemplo, el índice de accesibilidad de información judicial en internet tiene por objeto medir el nivel de acceso a la información judicial a través de las páginas web de los poderes judiciales y ministerios públicos de los países que integran la Organización de Estados Americanos. En su evaluación de 2014, México ocupó el lugar 7 de 33 países evaluados. Tres años más tarde, México cayó al lugar 18 de 34 países. No mejoró, sino que quedó en la media regional.
En otro orden de ideas, de la verificación realizada por el INAI en 2017, la Corte obtuvo una calificación de casi 90 por ciento de cumplimiento. Una buena noticia, pero insuficiente para la construcción de confianza y me explico:
En un ejercicio realizado en 2018 por Luis Fernando Villanueva de Equis Justicia para Mujeres, descubrió que de los 32 tribunales, 19 no reportan una sola sentencia. Lo que significa que los juzgadores locales no cumplen con las obligaciones de transparencia.
En este sentido, la nueva presidencia de la Corte tiene ante sí una oportunidad para que a través de su liderazgo institucional inicie una relación con la ciudadanía y se tenga la percepción de la impartición de la justicia utilizando la transparencia y acceso a la información para constituir un tribunal abierto y que se replique en las instituciones estatales.
Ex secretaria Técnica de Seguridad Nacional y directora de Priva Data