Por obvias razones que incluyen los tiempos legales, se ha puesto mucha atención en lo que pasa en el ámbito federal, y, en consecuencia, muy poco seguimiento se ha dado a lo que ocurre con la transición en las entidades que renovaron poderes, de entre las que destaca la Ciudad de México por varios factores relevantes.
La CDMX tiene nueva Constitución, que además ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de la Suprema Corte durante las nueve sesiones en las que resolvió acciones de inconstitucionalidad. Derivado de lo anterior, a partir de su entrada en vigor el 17 de septiembre, habrá nuevas autoridades y nuevas reglas para las mismas, comenzando por el Congreso.
Aunque pareciera que el cambio político en la ciudad no será tan drástico por la permanencia de la izquierda en el poder, la verdad es que el desplome del otrora poderoso PRD -sólo tendrá seis diputados y gobernará sólo dos alcaldías-, el reposicionamiento del PAN como segunda fuerza y la hegemonía de Morena en el Congreso, alcaldías y jefatura de gobierno configuran un escenario que debe vigilarse de cerca. De entrada, el arranque de la I Legislatura se avizora complejo, legal y políticamente.
El marco legal que rige su instalación es confuso, sobre todo debido a la falta de una disposición transitoria que distinga esta ocasión de las sucesivas, tomando en cuenta que por única ocasión iniciará el 17 de septiembre y posteriormente ocurrirá el primer día del mismo mes. Pero la también nueva Ley del Congreso no hace distinción alguna y establece una serie de términos que ya debieron haberse cumplido.
Así pues, el 28 de agosto debió haber concluido la credencialización de los legisladores, mismo día que debía haberse notificado la composición de los grupos parlamentarios. Antes del 1 de septiembre, tenía que haberse celebrado la sesión de instalación, tomado protesta a los integrantes del Congreso y elegido a la Mesa Directiva que fungirá por todo el primer año. Ajustar los tiempos basados en la diferencia de fechas mencionada en el párrafo anterior podría ser lo más lógico, pero su legalidad podría ser cuestionada. Otra opción es aplicar la actual Ley Orgánica de la ALDF, puesto que la Ley del Congreso inicia su vigencia el 17 de septiembre. No obstante, habría un choque de normas, como en el caso de la duración de la Mesa Directiva que se elija, pues actualmente se renueva cada mes. Sin importar su mayoría, Morena deberá llegar a un acuerdo con las demás fuerzas para evitar que cualquier vicio legal en el arranque pueda debilitar el funcionamiento del Congreso y la validez de sus acciones.
No es cosa menor. De un comienzo transparente y legal depende el futuro del Poder Legislativo local y de las más de 26 leyes y determinaciones que el Congreso deberá hacer tan sólo en cumplimiento del mandato constitucional. Así de simple… y nada sencillo.
CARLOS GELISTA
EX DIPUTADO CONSTITUYENTE
@CGELISTA