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En juego: El bienestar de 40 millones de mexicanas y mexicanos

OPINIÓN

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Son el 33 por ciento de la población de México, vivimos rodeados de ellas y ellos pero no les vemos, no les escuchamos; ya están aquí y este es el presente en sus vidas. Son los 40 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en nuestro país. Para cambiar la situación de la niñez y adolescencia, en 2015 se instaló el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) que cumple con el mandato de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGNNA). Esta Ley fue resultado de un esfuerzo conjunto del gobierno federal, todas las fuerzas políticas en consenso, organizaciones de la sociedad civil y la academia. Tienen como objetivo poner a la niñez y la adolescencia al centro de las acciones de gobierno y de la sociedad, para garantizar sus derechos y transformar su vida diaria. Durante décadas las políticas públicas de niñez y adolescencia se planearon en función de las personas adultas: si padres, madres, cuidadores y docentes estaban bien, por consecuencia, se creía que las niñas, niños y adolescentes también. Los indicadores mostraron que no había ese efecto automático. Ahora se sabe que es todo lo contrario, si las políticas públicas se dirigen directamente a ellas y ellos y su vida mejora al garantizar sus derechos, entonces familias, escuelas y comunidades están bien. El reto consiste en combatir y atender una serie de problemáticas, por ejemplo: en el caso de la violencia que sufren niñas, niños y adolescentes, muestran una tendencia ascendente en los últimos 5 años. La física se ha incrementado en un 85%, la psicológica en más del 500%, la sexual en 270%, la económica en 363%, la generada por abandono o negligencia en casi 200%. Poner a la niñez y adolescencia al centro de nuestra sociedad conlleva un cambio cultural necesario: niñas y niños no son nuestra propiedad privada sino sujetos de derechos, la visión asistencialista debe reemplazarse por la de garantía de sus derechos humanos: se deben modificar viejos estereotipos y dar paso a nuevas formas de convivencia con ellas y ellos. Para que sea realidad, hay que convertir la política nacional de niñez y adolescencia en una política del Estado Mexicano. Un piso común de acciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno con independencia de partidos, plataformas políticas, ideologías y estilos personales de gobierno. Las declaraciones de Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, manifiestan que para el nuevo gobierno federal “los derechos de las niñas, niños y adolescentes son prioridad para el gobierno entrante” y resaltan que “para el gobierno que viene es fundamental darle una vida digna a los niños y jóvenes del país”. Todas y todos esperamos que este enfoque prevalezca en la nueva administración: está en juego el presente de los 40 millones de mexicanas y mexicanos menores de 18 años en el país.   Ricardo Bucio Mújica SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES   @RICARDOBUCIO