Concesiones de agua, necesarias

Las asociaciones público-privadas funcionan como coadyuvantes del Estado para asegurar que se cuente con los recursos suficientes para garantizar las inversiones en infraestructura como carreteras, puertos, energía, agua, etcétera, y como fuente de financiamiento sin generar deuda pública. En el tema del agua potable, la incursión de privados permitió incrementar la eficiencia en el servicio en ciudades de Aguascalientes, Nuevo León, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Saltillo y Sonora. Y en donde no ha sido así, muchos organismos operadores arrastran deudas millonarias documentadas puntualmente por la Secretaría de Hacienda, de José Antonio González Anaya. Hace 24 años, la firma Aguakán se convirtió en la primera a nivel nacional en operar el ciclo completo de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Quintana Roo. No obstante, actualmente algunos gobiernos por compromisos políticos buscan dejar fuera a la IP, aunado a la iniciativa presentada hace unos días por Martí Batres para prohibir lo que llama privatización del agua, es decir, las concesiones parciales o totales del servicio (aunque cabe aclarar que el agua no se privatiza, se concesiona el servicio, pero los activos siguen siendo propiedad del Estado). En Quintana Roo, gobernado por Carlos Joaquín González, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado (CAPA) demandó a Aguakán, quien brinda el servicio en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos, por un supuesto adeudo de mil 20 millones de pesos; litigio que se suma al iniciado por el municipio de Solidaridad a principios de año, exigiendo a la empresa cumplir con sus obligaciones contractuales de invertir en obras, el pago puntual de la contraprestación y garantizar la cobertura. No obstante, Aguakán, igual que otros organismos privados operadores en el país, no sólo ha cumplido, sino que excedió sus deberes, invirtiendo el doble de lo que estaba comprometida: más de 750 mdp en los últimos cuatro años. Lo que pocos saben es que el gobierno de Carlos Joaquín y la CAPA tienen un crédito por 560 millones de pesos con Banco Interacciones (absorbido por Banorte, que encabeza José Marcos Ramírez Miguel) en el cual establecieron como garantía de fuente de pago los derechos de cobro por las contraprestaciones anuales por cada uno de los municipios concesionados. Si alguno de estos dejara de ser operado por la empresa, estarían en “falta” conforme al contrato de crédito, cayendo inmediatamente en cartera vencida. ¿Habrán calculado este movimiento o darán un paso en falso? Cash: El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en reunión con mezcaleros y el gobernador oaxaqueño Alejandro Murat, abrió la posibilidad para que haya más organismos certificadores de producto mezcal. Manotazo en la mesa al Consejo Regulador del Mezcal.