Xóchitl Gálvez: Blockchain, pieza clave vs. corrupción inmobiliaria

Uno de los temas que más preocupa y molesta a los habitantes de la CDMX y de otras zonas urbanas es, sin duda, la construcción desmedida de edificios en sus colonias, peor aún si violan el uso de suelo. Los motivos de su disgusto son diversos, ya sea porque afectan los servicios de abasto de agua o drenaje, complican la movilidad en la zona y, sobre todo, porque los empresarios que construyen fuera de la ley, lo hacen al amparo de servidores públicos de diferentes niveles de gobierno. Y así es, en la actualidad, funcionarios que expiden documentación falsa, notarios públicos que escrituran edificios ilegales, la burocracia en las procuradurías que argumentan acciones a destiempo, magistrados que de manera inmediata levantan suspensiones de obras irregulares clausuradas, ha permitido que constructores corruptos se salgan con la suya. Mientras, las ganancias económicas de estos personajes agrandan sus bolsillos sin castigo, es prácticamente imposible llevarlos a proceso. Para hacer frente a este problema en crecimiento, durante mi campaña al Senado presenté un decálogo que pretende se expida la Ley de Ordenamiento Territorial. En principio se plantean penas más severas a funcionarios, constructores y notarios públicos que emitan o utilicen documentación falsa para violar el uso de suelo. Así los involucrados en malas prácticas se verán acorralados ante la ley. Además, en estos tiempos en los que pareciera que la corrupción carcome cada vez más oficinas de gobierno, es necesario utilizar una de las herramientas más poderosas: la tecnología. Por ello, se crearía una plataforma digital, conocida como blockchain, con capacidad de almacenar información encriptada, en un sinnúmero de servidores de diferentes partes del mundo. El objetivo es facilitar la comprobación de documentos originales con tecnología que ya utilizan otros países.De esta manera, en un mismo lugar se alinearían el catastro, uso de suelo, constancia de alineamiento y número oficial, manifestación de construcción, aviso de terminación de obra y autorización de uso y ocupación. El fin es que ninguna obra con manifestación o pagos falsos, violación al número de niveles permitidos o no cumplan con las medidas de mitigación impuestas por el estudio de impacto urbano, entre otros, no puedan inscribirse en el Registro Público de la Propiedad. Además, se plantea la obligación de los notarios públicos de comprobar la existencia y validez de licencias, constancias, autorizaciones y permisos expedidos para la construcción, antes de crear el régimen de condominios o escriturar. Mientras no haya una absoluta aplicación de la ley, la corrupción inmobiliaria continuará y de nada servirán los planes de desarrollo urbano o nuevos planes parciales.   XÓCHITL GÁLVEZ SENADORA ELECTA @XOCHITLGALVEZ