El 28 de julio, coincidiendo con el 197 aniversario de la Independencia, el presidente peruano Martín Vizcarra pronunció un solemne discurso en el Congreso. Ante la profunda crisis política y judicial que se vive, decidió tomar el toro por los astas impulsando las reformas necesarias, incluida la convocatoria a un referéndum, para sacar al país del atolladero actual.
La filtración de cintas de audio a la prensa mostró la existencia de un generalizado esquema de corrupción judicial, llegando a los niveles más altos de la Judicatura, incluido el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de nombrar y remover jueces y fiscales. A consecuencia de esto; se destaparon conductas aberrantes de personas teóricamente designadas para impartir justicia, como otorgar tratos de favor o rebajar sentencias a cambio de dinero. El caso de mayor alarma fue el del juez César Hinestroza, que negoció la absolución de quien había violado a una niña de 13 años.
El mazazo a la credibilidad de las instituciones fue duro. El nuevo escándalo se sumó a los estragos de Odebrecht y sus repercusiones en el sistema político, con ex presidentes procesados, investigados o huidos al extranjero.
Una reciente encuesta de GFK demuestra el fuerte rechazo al Poder Judicial y a la Fiscalía. La desaprobación de los jueces pasó de 71 por ciento al comienzo del año, a 89 por ciento en julio, mientras la Fiscalía vio aumentar su rechazo en nueve puntos porcentuales solo en el último mes.
El terremoto ha sido tal que renunciaron el ministro de Justicia y el presidente del Poder Judicial. Fueron dimitidos cinco jueces del Tribunal Superior de Justicia de El Callao, incluido su presidente, Walter Ríos, condenado a 18 meses de prisión preventiva por pedir 10 mil dólares para favorecer el nombramiento de un fiscal. También fue cesado todo el Consejo de la Magistratura.
El origen del escándalo fue la gran impunidad que tenía una banda de narcotraficantes en El Callao. La fiscal del caso solicitó intervenir algunos teléfonos, incluidos los de algunos jueces, lo que terminó en las filtraciones conocidas. Es llamativo que en Perú, con el ominoso antecedente de los “vladivideos” de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, se cometan tales errores al hablar por teléfono. El error es mayúsculo a la vista de los modernos sistemas de interceptación de comunicaciones. Salvo que en lugar de errores estemos hablando de un fuerte sentimiento de impunidad entre los implicados, que terminaron olvidando las mínimas precauciones de seguridad.
La onda expansiva llegó a la política, Parlamento incluido. Si bien Perú requiere una profunda reforma del Poder Judicial y Legislativo, paradójicamente una de las llaves de la reforma la tiene un Congreso controlado por el fujimorismo.
La propuesta de regeneración del marco institucional, incluyendo el llamado a referéndum del presidente Vizcarra, no solo quiere ir más allá de lo presuntamente tolerado por el Parlamento, sino también comprometer a la ciudadanía en su propuesta renovadora. Veremos si tanto uno como los otros sabrán estar a la altura.
*Investigador del Real Instituto Elcano.