Ricardo Pascoe: Construyendo una ciudad para todos

En tiempos electorales los asuntos centrales son programáticos. Importa lo que propongan las y los candidatos. La sustentabilidad tiene que ver con todo: calidad de vida, prosperidad económica, movilidad, salud e integración de las comunidades, cultura, deporte, desarrollo urbano, servicios urbanos (agua, energía, drenaje, desechos sólidos, vivienda), seguridad, interconexión metropolitana, educación, derechos de todas las edades y participación ciudadana. Todo, absolutamente todo, pasa por la sustentabilidad y la oferta de los instrumentos que propicien soluciones a estas problemáticas a corto, mediano y largo plazo. La atención a la sustentabilidad de las ciudades debe verse desde varios referentes generales. En primer término, la planeación urbana integral a largo plazo es indispensable para generar una expectativa de futuro promisorio. Las acciones de corto y mediano plazo deben ajustarse y tener como referente la visión de largo plazo. Asuntos tan importantes como el envejecimiento de la población capitalina y el desarrollo de nuevas tecnologías vienen a modificar concepciones tradicionales sobre la distribución del ingreso, la composición del mercado laboral, las necesidades en materia de servicios de salud, educación, movilidad, esparcimiento y seguridad. Pensar la ciudad que queremos en 30 años obliga a conocer a fondo las tendencias estructurales de la ciudad, sus prospectivas para efectos de una planificación acertada y relacionada con las necesidades de la población. En segundo lugar, debe contemplarse la visión enmarcada en una concepción metropolitana. Ha sido costosa la visión limitada de integralidad urbana que ha regido a la Zona Metropolitana del Valle de México en los últimos años. Todos los problemas urbanos son compartidos y su desconexión ha retrasado la oferta de soluciones de largo plazo. Una visión de este tipo inevitablemente pasa por la planificación metropolitana. El mercado de trabajo y la productividad, por ejemplo, son afectadas dramáticamente con las horas perdidas en el transporte público cuando la gente se traslada de sus casas a los centro de trabajo y de regreso. Las ciudades dormitorio son un resultado de políticas urbanas que expulsan población debido al encarecimiento del valor del suelo y la vivienda, además de las políticas de desconexión entre sistemas de transporte de la CDMX y el resto del Valle de México. Por otro lado, es casi axiomático que la única receta para disminuir la desigualdad de niveles de vida, de oportunidades y de accesos a servicios y de vida para los habitantes de la urbe, es ofreciendo soluciones integrales, y no parciales. Por ejemplo, el transporte público debe responder a un interés general y no a uno particular. Si bien el Estado, por ejemplo, debe focalizar su atención en el desarrollo de mejores sistemas de transporte público masivo, eficiente, seguro y barato, también está obligado a procurar mejores condiciones para la movilidad. Asimismo, los intereses de los peatones deben estar en el centro de una política de movilidad. Sólo aplicando esta visión integral de soluciones al conjunto de la población, y no en las ofertas parciales, es que se podrá reducir, de forma real, la desigualdad que marca la vida de la zona metropolitana, incluyendo la Ciudad de México. El respeto y la aplicación justa y equilibrada del Estado de Derecho es un componente crucial para crear una cultura de equidad y convivencia entre los ciudadanos. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda en una ciudad tan grande, diversa y socialmente compleja como la CDMX. En una democracia funcional, el Estado de Derecho es el instrumento que da certeza jurídica a los ciudadanos, además de ofrecerles confianza en autoridades, y credibilidad y legitimidad a las instituciones. Por esta razón debe ejercitarse el Derecho como el instrumento definitorio del deber ser social, además de regir como una herramienta central para lograr la integración social a la que la ciudad aspira. Por último, una ciudad que acepta, promueve y reconoce la participación ciudadana como una pieza central de la funcionalidad de la polis, entendida como la cultura de inclusión, debate y discusión, es una que cuenta entre sus haberes con la posibilidad de construir una sociedad civil activa y comprometida con el futuro de la ciudad. Esta inclusión se puede medir a partir de instrumentos legales específicos relacionados con la participación ciudadana en la toma de decisiones. Implica que las estructuras políticas tradicionales vigentes en la Ciudad de México deberán aprender a ceder importantes espacios de decisión a novedosas apariciones ciudadanas. Así, planeación a largo plazo, una visión metropolitana, soluciones integrales que reduzcan la desigualdad, el Estado de Derecho y la participación ciudadana son las cinco claves para rescatar la ciudad. Mirar por el futuro es la mejor apuesta para construir una ciudad para todos.