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Adriana Sarur: Una mirada a la agenda de seguridad

OPINIÓN

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Con motivo del 27 periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que es el principal órgano del sistema de Naciones Unidas encargado de precisar todo lo concerniente a las políticas y recomendaciones relacionadas a la justicia penal en el país, comento algunos de los temas que se expusieron en las reuniones preparatorias.   Al iniciar el 2018 se realizó el foro Agenda en materia de seguridad y justicia: México-ONU, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en coordinación con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC).   Este foro fue muy claro en sus exposiciones y ahí participaron el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas; el representante de la UNODC en México, Antonino de Leo, y el director del Inacipe, Gerardo Laveaga. Durante su participación, Ruiz Cabañas resaltó la necesidad que existe en México de diseñar “políticas públicas que sean acordes a dos de las principales metas que tiene el Estado mexicano”.   Esto requiere un trabajo que debe ir más allá de “un diseño acorde a las necesidades”, lo que trato de exponer y proponer es que se debe tomar en cuenta que en todo diseño de políticas públicas se debe incluir la previsión de la seguridad pública. Se debe partir de un principio fundamental para la realización de estas políticas, desde la promoción y el respeto a los derechos humanos.   Considero que para la realización de los trabajos de la agenda de Seguridad Pública es necesario atender todas las acciones en materia de políticas públicas con la aplicaciónde instrumentos internacionales en los que México ha participado en los últimos años.   Me refiero a que para nuestro país es sustancial continuar los trabajos que anteceden a la agenda de Seguridad y Justicia actual, como por ejemplo la Declaración sobre la Seguridad de las Américas y el Objetivo 16 de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Uno de los planteamientos hechos es, por ejemplo, el tratamiento actual de la situación de inseguridad como un problema económico.   Un tema que se refiere a que se deben atender problemáticas como la falta de competitividad en México, como una posible causa que ha desencadenado que grupos no puedan participar en mercados legales. Dicho más simple, lo que se expuso en el foro con este ejemplo, es que los mercados legales en el país se encuentran saturados, y que por tanto, se ha creado un ambiente de falta de competencia mercantil.   Si ponemos atención, esta perspectiva señala que la falta de competitividad en los mercados legales, podría ser lo que genera el surgimiento de los mercados de orden ilegal, entiéndase, la venta de armas, narcóticos e incluso la trata de personas. Si bien, no podemos afirmar que esto es una realidad, si podemos tomar la problemática para enfocar nuestras propuestas y nuestra comprensión.