Omisiones y negligencia en el callejón de la Igualdad 32

Después del #19S, cada quién a su manera ha desarrollado distintas capacidades para salvarse en caso de otra catástrofe. En el Callejón de Igualdad 32, en el Centro, los vecinos agudizaron su sentido auditivo para escuchar la alarma sísmica y adquirieron habilidades para correr lo más rápido a lugares seguros. Parecería chiste, pero no lo es, porque hay mil 250 personas que viven bajo el riesgo de morir aplastadas y cuya responsabilidad será del Gobierno capitalino por no protegerlas. El caso de este predio requiere atención especial porque las 300 familias, que viven en el perímetro de Fray Servando, Bolívar, Izazaga y Eje Central, arrastran un problema desde hace 37 años que los hace doblemente vulnerables. Primero, porque su inmueble presenta daños derivados de 1985 como consecuencia de la construcción de dos megatorres en los número 32 y 42 de Fray Servando. Segundo, porque las torres siguen representando una afectación tras el #19S, debido a su altura. En 1987, el  número 32  fue abandonado por la Secretaría de Seguridad Pública debido al riesgo que representaba. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia del DF ocupó el inmueble. Sobre el número 42 de la misma calle, no hay indicios del dueño. En ambos casos se desconoce si ya se realizó el dictamen de seguridad estructural, y que en caso de que no, urge concretarlo para descartar afectaciones o, en su defecto, para desalojar a las familias en riesgo. Curiosamente, en el Sistema de Información Geográfica del DF (SIG), operado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), se exhibe un certificado de uso de suelo expedido en 2010 que le otorga 12 niveles de altura. ¿Lo anterior significa que durante 30 años careció de documentación que avalara la altura? No lo sabemos porque las autoridades guardan hermetismo sobre este inmueble. En la Plataforma CDMX se reconoce el riesgo del predio del Callejón de Igualdad 32, pero no así de Fray Servando 32 y 42, que por su peso ha dañado a  construcciones aledañas. En 1985, varios predios de Tizapán -calle contigua al Callejón de Igualdad- fueron demolidos y reedificados, no así Igualdad 32. Hoy, para acelerar el apoyo gubernamental tienen que costear ellos mismos el Dictamen de Seguridad Estructural de su edificio, cuyo costo es de 150 mil pesos. Cada familia tendría que aportar casi 7 mil pesos. Si pueden hacer el gasto, todavía queda en incertidumbre el riesgo de los edificios vecinos. Hay otro obstáculo: la incertidumbre jurídica de las propiedades. Al no haber una oficina de atención especial, la acreditación de una propiedad se vuelve una monserga. Es momento, de destrabar los embudos, de lo contrario, pasaremos otros cinco meses sin resolver los problemas de fondo y con personas bajo un riesgo eminente. Dunia Ludlow Deloya Asambleísta por el PRI @DuniaLudlow