¿Internacionalizar la campaña electoral?

Cuando Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió llevar una queja electoral contra el aspirante presidencial panista Ricardo Anaya ante la Organización de Estados Americanos (OEA) envió una señal de cómo han cambiado los tiempos en México. No es que la queja como tal vaya a cambiar algo; la pura distribución de documentos entre diplomáticos no tiene más efecto que el de propaganda y la autoridad de la OEA en elecciones nacionales es bastante limitada, por decir lo menos. El señor Anaya tampoco resulta un personaje simpático para muchos. Su estilo personal y la forma en que logró su candidatura lo han hecho una figura divisiva. Pero eso no lo hace reo de delito alguno, todavía. Las acusaciones en su contra están aún en la etapa del "creemos": deben ser verificadas, comprobadas y formalizadas primero por una investigación en la que la Procuraduría General de la República (PGR) está también a prueba, ya no sólo ante los mexicanos, sino a nivel internacional. En ese sentido, es elocuente que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya pedido a la PGR que retire sus boletines y videos sobre el caso de su página web, alegando el principio de equidad electoral. Mal que bien, en un país con la importancia que ahora tiene México y en la Era Odebrecht el delito de "lavado de dinero" tiene posibles impactos y ramificaciones más allá de las fronteras, y resulta grave como para que pueda parecer sólo como parte de una "guerra de papel" descalificatoria contra un aspirante presidencial como el actual candidato de la coalición Por México al Frente. Pero al mismo tiempo es un golpe mediático interesante, uno que en el pasado fue practicado, sobre todo, por los partidos de oposición, aunque en otras instancias y con diferentes motivos, desde asesinatos de militantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a denuncias de crímenes y trampas ante miembros del Congreso estadounidense o el uso de la prensa internacional como cámara de resonancia. Ruiz Massieu y el PRI tienen, ciertamente, el derecho de hacer los planteamientos que necesiten y sus señalamientos contra Anaya están a la vista de la opinión pública nacional. Pero el movimiento no es comprensible. La decisión de internacionalizar el rejuego electoral mexicano parece tener un costo demasiado alto, no importa quien lo haga, en términos de credibilidad, confianza y prestigio. Al igual que se decía de la internacionalización de las quejas políticas opositoras, la solución real está en México, en este caso en las autoridades encargadas de perseguir delitos financieros o electorales, o en las casillas de votación si es que la ciudadanía decide castigar a Anaya. El punto en realidad es que puede decirse que para muchos, es la primera vez que el PRI decide recurrir a instancias internacionales para subrayar un problema de política doméstica. Y la verdad sea dicha, por más desagradable que resulte el señor Anaya quien sabe si el resultado compense los costos.