La reforma fiscal que aprobó el Congreso estadounidense a finales de 2017 traerá consecuencias en diversos frentes para la economía mexicana, obligando a los actores privados y públicos, a tomar medidas que potencialicen sus oportunidades y mitiguen sus riesgos. Recortando su tasa de impuesto sobre la renta de 35 a 21 por ciento, Estados Unidos (EU) provocó incertidumbre sobre el camino que debe tomar la política fiscal en México, por lo que algunos argumentan sobre la necesidad de recortar nuestro ISR.
El impacto que la reforma de EU tendrá sobre las inversiones en México, está aún por verse. Por un lado, México se volvió menos competitivo y algunas empresas podrían revisar sus planes de abrir una planta o filial en nuestro país. Sin embargo, considerando las ventajas competitivas, continúa siendo una ventaja que los estadounidenses sigan moviendo parte de su proceso productivo a México, especialmente en los más intensivos en el uso de mano de obra. Por otra parte, la reforma incentiva a las empresas con un uso más intensivo de capital, a instalar sus actividades en EU, lo que repercutirá negativamente en la llegada de tecnología a México.
Lo más importante es que es improbable que la reforma provoque una salida de capitales de nuestro país, como algunos prevén. México no es un paraíso fiscal, como Irlanda, Singapur o algunos países del Caribe. Esto significa que los estadounidenses no estaban reportando actividades (y utilidades) ficticias en México para aprovechar tasas impositivas menores. Otras señales nos permiten reforzar esta previsión, como la recuperación del valor del peso en las últimas semanas.
Por el lado optimista, la reforma de Trump tendrá un efecto expansivo en el corto plazo, acelerando el crecimiento de la economía de EU. Así lo señalan organismos como el Fondo Monetario Internacional, que estima para EU un crecimiento extra de 1.2% del PIB entre 2018 y 2020, que sería equivalente en tamaño a la economía venezolana. Los mexicanos deben aprovechar esta ola, partiendo de las históricas ventajas comparativas de nuestro país, pero favorecidos por un tipo de cambio subvaluado frente a sus valores históricos.
Nuestro país no se acaba porque EU haya decidido modificar su código fiscal. Bien dice José Ángel Gurría, secretario de la OCDE, que la competitividad de México no sólo se explica por su política fiscal, sino por su productividad laboral, relativamente de bajos costos y un es- quema político y social estable. Aquí está parte del sendero que deben tomar las autoridades para enfrentar el shock proveniente de EU: consolidar la confianza que los inversionistas tienen en la macroeconomía e instituciones.
Finalmente, es innegable que México debe explorar la posibilidad de recortar la tasa de ISR, recuperando una porción de la competitividad que tomó EU con su reforma. Este recorte debe basarse en metas creíbles y pronósticos sólidos, que no reviertan el camino hacia la consolidación fiscal que tomó nuestro país en los últimos años. Para ello, es necesario hacer más eficiente el gasto público, conteniendo el gasto corriente y fortaleciendo la inversión pública, las estrategias de incorporación fiscal y cerrando las puertas a la elusión fiscal.
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