El voto femenino en Centroamérica 

Se celebran  100 años del triunfo del movimiento que consiguió por primera vez el derecho al voto en Reino Unido, con hashtags dedicados a  mujeres sufragistas que el 6 de febrero de 2018 alcanzaron la categoría de tendencia mundial en redes. Sin embargo, el derecho al voto fue más difícil en países de habla hispana, y no menor en Mesoamérica, cuando la garantía del derecho llegó lentamente hasta cinco décadas más tarde. El Salvador legalizó el sufragio en igualdad de condiciones en 1939, Panamá lo restringió desde 1941, garantizando el ejercicio pleno en 1946; Costa Rica en 1494, México en 1947 en las elecciones municipales y en 1953 en las presidenciales, Nicaragua en 1955. Guatemala se oficializó sin limitaciones en 1965, ante la opción que establecía desde 1945 que sólo podían votar las mujeres letradas. República Dominicana en 1942 y Colombia en 1954, después de que se les permitiera ocupar cargos públicos desde 1936. Letra, imagen y voto han estado ligados de manera particular con la participación de las mujeres en el espacio público, sobre todo cuando se trata de los asuntos vinculados a derechos civiles, políticos y el ámbito de la justicia. La participación abierta en procesos electorales con el ejercicio del voto aseguró el camino para que en Centroamérica y México se abrieran las opciones en el gobierno de la vida pública. Los desafíos actuales incluyen dificultades del ejercicio del voto. No están resueltas cuando se trata del acceso a las estructuras políticas o a los puestos elegibles, aunque el progreso está presente. Centroamérica cuenta con una interesante historia de participación de las mujeres en las presidencias nacionales y en las opciones parlamentarias y municipales. Las políticas de paridad y alternancia, y reconocimiento a los derechos culturales, abrieron caminos, pero las condiciones siguen siendo difíciles cuando las posibilidades de elección están siendo afectadas por los ambientes de violencia política y social; o de falta de acceso a una justicia efectiva como ocurre en diversos puntos mesoamericanos, como reflejan las estadísticas comparativas internacionales. En el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 del World Justice Project, los mismos países se colocan en lugares muy diferenciados. Costa Rica en el segundo grupo con mejores condiciones, en el lugar 24; en el tercer grupo Panamá, en el 61; en el cuarto se encuentran Colombia, en el 72, El Salvador en el 79, Belice en el 81, República Dominicana en el 90, México en el 92, Guatemala en el 96. En el último grupo Honduras, en el lugar 103. Lo que sigue no es menos importante, por las reacciones violentas ante esa participación en el campo político y de libertades, particularmente en la imagen de la mujer, derecho de expresión o de privacidad, algo necesario en un ambiente político adecuado para la participación de las mujeres en la vida pública. Como ocurre con la iniciativa de conmemoración de los 100 años del derecho al voto, que impulsaron las sufragistas británicas, como la promoción del acceso de mujeres y niñas a la ciencia o al internet seguro, que favorecen el acceso pleno de las mujeres; algo deseable para la política regional, sobre todo en periodos de consulta electoral. *Catedrática universitaria