Estamos a unas cuantas semanas del inicio de una nueva administración pública federal en México, en la cual un importante porcentaje de la población puso su voto y con él, su esperanza.
Por ello vale la pena recordar que el objetivo del gobierno es generar políticas públicas que aceleren el avance económico, social y tecnológico de las regiones más rezagadas, así como del país en su conjunto. Los grandes proyectos de infraestructura, por el volumen en el uso de recursos y por su impacto de largo plazo requieren particular atención.
Como punto de partida en ese sentido, recordemos una serie de principios de aceptación común en los Estados Unidos, desde los años 80 para la toma de decisiones de inversión: Decisiones con base en información adecuada sobre necesidades y consecuencias. Sólo llevar a cabo las acciones cuando los beneficios a la sociedad sean mayores que sus costos, es decir, cuando sean socialmente rentables. Maximizar los beneficios netos a la sociedad.
Considerar el costo de oportunidad de los recursos, es decir qué alternativas más útiles existen. Considerar los impactos en industrias específicas, la economía nacional y las condiciones en el futuro.
La práctica internacional plantea la necesidad de contar con varios elementos para sustentar una decisión de inversión. Una opinión seria sobre un proyecto específico no debiese emitirse sin contar con estos elementos básicos:
1. Estudio técnico, cuyo alcance depende del tipo particular de proyecto.
2. Estudio de mercado, con una definición de la demanda actual y proyecciones de la demanda futura, la competencia y la oferta que –en su caso- ofrecerá el proyecto.
3. Estudio legal, dando certidumbre sobre los derechos de propiedad, uso de vía, etc. requeridos para realizar el proyecto.
4. Estudio de impacto ambiental, que define los potenciales impactos negativos sobre el entorno natural, así como las medidas compensatorias o de mitigación y sus costos, a ser cubiertos por los promotores del proyecto.
5. Estudio costo beneficio económico y social. Una estimación de los flujos de gastos y ganancias, tanto en términos económicos como sociales, es decir, la cuantificación de los beneficios que recibirán los usuarios de la infraestructura, de manera que el proyecto sea rentable.
Si bien es perfectamente posible modificar el marco normativo sobre el cual se toman las decisiones de inversión en México, plasmado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debemos tener presente que los principios de una administración pública profesional y responsable son claros y no una cuestión de opinión. Resulta evidente que las buenas intenciones son insuficientes para generar buenas decisiones y buen gobierno. Un dicho popular sugiere que justamente de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno.
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