El término “Justicia Climática” ha sido acuñado en el concierto internacional para referirse al cambio climático como un tema ético y político. En 2017 las Naciones Unidas registraban 894 demandas en ese sentido. La semana pasada en Londres la Comisión de los Derechos Humanos revisó el caso presentado por Filipinas, dando sus evidencias para vincular al supertifón Haiyan con los grandes emisores de gases de efecto invernadero, argumentando la violación de los derechos humanos por los causantes históricos del cambio climático y dando evidencia científica para ese caso, tratando de demostrar que las emisiones generadas por el hombre han incrementado la velocidad de los vientos.
Ese tipo de quejas no son exclusivas de los países en desarrollo o territorios insulares; The Economist reporta que este año siete ciudades y condados en el Estado de California demandaron a empresas de energía por daños resultantes del incremento en el nivel del mar. En ese mismo Estado, esta semana hemos escuchado las noticias sobre incendio forestal descontrolado que ha causado más de 50 muertes y 200 heridos iniciado un debate sobre si las causas son el cambio climático, el mal manejo forestal o la aplicación de estándares de construcción. Esa misma publicación se refiere a esta situación como “La nueva anormalidad”.
Esta discusión y las políticas públicas que la acompañan son relevantes para nuestro sector. Buena parte de la oferta turística de México y Latinoamérica se encuentra en destinos cercanos a las costas y muchas actividades de turismo de aventura y ecoturismo se desarrollan en zonas boscosas. La planificación turística en los destinos, tanto maduros como incipientes, requiere dar alta prioridad a la evaluación de riesgos y al fortalecimiento de la resiliencia de los destinos. Esto requiere investigación en materia de vulnerabilidad a cambio climático y otros fenómenos naturales y sociales, la socialización del conocimiento y la profesionalización de la gestión de los destinos, incluyendo el desarrollo de planes de contingencia, la inversión en obras de infraestructura que fortalezcan la adaptación a esa “nueva anormalidad” y la colaboración estrecha entre las autoridades, los empresarios y las comunidades locales, así como la coordinación de esfuerzos de los tres niveles de gobierno.
La SECTUR y CONACYT han contribuido con su grano de arena en esta discusión. Un ejemplo es la elaboración de veinticinco estudios de vulnerabilidad de destinos turísticos –cinco de ellos pendientes de publicarse este mes de diciembre- y una “Guía local de acciones de alto impacto en materia de mitigación y adaptación al cambio climático en los destinos turísticos Mexicanos”.
Los profesionales del turismo no acostumbramos involucrarnos en estos temas, pero cada vez lo hacemos más. Si no ejercemos un papel de liderazgo, ¿quién?.
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