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Venezuela ante la Corte Penal Internacional

OPINIÓN

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Cinco países latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) tomaron la decisión de acusar al gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por las violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años. A esta decisión sin precedentes se sumaron Canadá y Francia, el primer gobierno europeo en hacerlo. Jorge Faurie, ministro argentino de Exteriores, dijo que en Venezuela hay denuncias de "detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, abusos sexuales, violaciones, atentados flagrantes contra el debido proceso", incluso contra menores de edad. La respuesta venezolana fue calificar la denuncia como una estrategia para "agredir" a su gobierno, utilizando como base "el informe de un hombre (Luis Almagro, un 'sicario') que quiere la intervención y la guerra". Si bien la Corte de La Haya carece de la fuerza necesaria para destituir al gobierno o encarcelar a los responsables en caso de demostrarse su culpabilidad, esta acción supone un giro importante de una parte de la comunidad internacional con la dictadura venezolana. A esto se suma la histórica condena del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por los abusos cometidos por el régimen. Once países americanos impulsaron esta última medida (los 6 anteriores más Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras y México), aprobada por 23 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones. Fue la primera vez desde la creación del Consejo que se ha adoptado una resolución contra Venezuela. Entre los estados favorables a la medida destacó España, que dejó clara su postura. Sería deseable que con la toma de posición francesa y española la UE, que ya participa en las sanciones contra la cúpula chavista, adopte una actitud más enérgica. Desde la creación del Grupo de Lima, la mayoría de los países latinoamericanos se ha mostrado cada vez más comprometida con la crítica situación que se vive en Venezuela. Más importante todavía, finalmente comienza a quedar atrás en América Latina la tradicional coartada para no intervenir ni proteger los derechos ciudadanos: la lamentable teoría de la no injerencia en asuntos de terceros países. En base a este argumento cualquier gobierno, incluyendo a las dictaduras más sangrientas, podía hacer dentro de su territorio las mayores tropelías sin temor a ser condenado por sus vecinos. No fuera cosa que la medicina que hoy se aplicaba a los demás terminara revirtiendo como un bumerán en la propia cara. Por eso son importantes estas medidas. Es verdad que Bolivia, Cuba y Nicaragua se oponen, mientras El Salvador y Uruguay tienen una actitud menos beligerante. Habrá que ver qué harán en el futuro los próximos gobiernos de Brasil y México. Pero ya está claro que la crisis venezolana es una crisis regional que requiere soluciones regionales y un mayor esfuerzo negociador de todos los gobiernos latinoamericanos. El tiempo de la política del avestruz o de mirar hacia otro lado con el argumento falaz de no criticar a los amigos aunque estén equivocados parece estar acabando. *Investigador del Real Instituto Elcano.