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Un hacker en la Función Pública

OPINIÓN

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En agosto pasado las luces ámbar se encendieron en la Secretaría de la Función Pública porque alguien violó el acceso a la base de datos para consultar y sustraer información sobre las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, a la que sólo desde tres o cuatro máquinas de la dependencia se puede tener ingreso. ¿Para qué y con qué fines se cometió ese delito? ¿Acaso tiene que ver con el proceso electoral en curso? ¿Quién dio la orden? El caso se hizo evidente a partir de una denuncia “anónima” en contra de Roberto Michel Padilla, justo cuando dejaba el Órgano Interno de Control de la propia Secretaría, y tenía que ver con su patrimonio; es decir que quien burló la seguridad del sistema, hurgó en el archivo específico de este ex funcionario, pero pudo haberlo hecho con otros nombres. En una carta del 16 de agosto de 2017, Michel contesta a la maestra Arely Gómez González, titular de la Función Pública, sobre la denuncia “anónima” en su contra y la cual, la propia funcionaria, le entregó en su mano. Sobre la denuncia, Michel dice lo siguiente: “Refleja la vulnerabilidad de la información sobre las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos obligados a presentarla, por lo que de manera respetuosa se recomienda el mayor de los cuidados de las medidas de seguridad para el resguardo de la información y uso de la misma”. Hasta ahora, sin embargo, al ex titular del Órgano Interno no se le han comprobado irregularidades o fincado responsabilidades sobre su patrimonio, mientras que en la Función Pública, según un funcionario de alto nivel que conoce el caso, hay una investigación abierta para dar con el o los responsables de la sustracción de información. De acuerdo con la fuente, al igual que en la base del padrón electoral del INE, el acceso deja rastro y puede saberse desde dónde se obtuvo la información. Asegura que para impedir que la acción ilegal se repita se han implementado acciones de verificación y se hacen auditorías periódicas a los accesos. “Es decir, se está blindando el sistema para impedir la fuga de información y no vaya a usarse como parte de una guerra sucia ni en este periodo electoral ni más adelante”. La nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, vigente a partir de julio, establece que las declaraciones patrimoniales y de interés serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos en la Constitución. Hay que esperar los resultados de la investigación en este caso y que el blindaje de la dependencia la proteja de nuevas fugas de información. ••• UPPER: A la misteriosa incursión a Morena de la hasta ayer panista y acérrima rival de López Obrador, Gabriela Cuevas pueden darse más casos extraños. Hay quien habla de un ex presidente del PAN, cuyo nombre empieza con G, su apellido paterno con M. Que ese Gallo Moreno es de la última corriente de intelectuales que tuvo el PAN.