Túnez y los obstáculos de la transición

Desde el 3 de enero, Túnez y otras ciudades tunecinas son sacudidas por protestas contra medidas de austeridad del gobierno incluidas en la ley de finanzas de 2018: aumentó el precio de los bienes de consumo, incluso combustible, medicinas, electricidad y alimentos (salvo el pan), así como impuestos adicionales. El 14 de enero, Túnez conmemoró el séptimo aniversario del estallido de la Revolución del Jazmín (o de la Dignidad), que iniciaba con la inmolación de Mohammed Buazizi en diciembre de 2010 llevó a la caída del presidente Zine El Abidine Ben Ali en 2011, y se extendió a otros países árabes. Túnez es el único que tuvo un éxito relativo en implementar una democracia funcional, aunque imperfecta. Mientras Libia, Siria y Yemen se sumieron en el caos y las elecciones democráticas egipcias fueron derrocadas por un violento golpe militar en 2013, los tunecinos lograron redactar una nueva y más progresista Constitución y mantener un decoroso nivel de estabilidad. Pero desde entonces la desilusión se ha instalado. Desafíos acechan a la transición y los económicos se hallan entre los más graves. La situación ha hecho a Túnez vulnerable a presiones externas, sean gobiernos u organismos internacionales, el capitalismo global o grupos religiosos transnacionales (como la amenaza yihadista en la frontera de Libia). Túnez es un país del Norte de África con unos 11 millones de habitantes, mayormente árabes, donde la tasa de desempleo supera 15% y llega a 30% entre los jóvenes graduados. La deuda es de 70% del PIB y el déficit presupuestal alcanzó un récord de 6.1% del PIB en 2017. Túnez se comprometió con el FMI, el BM y otros organismos a reducir el gasto público para obtener varios préstamos, incluso una tercera cuota de 320 millones de dólares de un préstamo del FMI y un préstamo del BM de 500 millones. A siete años de la “Primavera Árabe” y en su epicentro, Túnez enfrenta una paradoja: las sublevaciones, en parte motivadas por los efectos de las prácticas económicas asociadas al autoritarismo de los sistemas políticos, han agravado la crisis de reservas, el desempleo y la pobreza, y dificultado el pluralismo político. El impacto de las exigencias sociales por justicia económica ha sido atenuado, si no anulado, por el alineamiento de intereses económicos dominantes con elementos de los regímenes políticos, que puede asociarse con la debilidad de las instituciones, la fragmentación y polarización del sistema y los partidos políticos, que tiende a favorecer la persecución de políticas neoliberales. Ante un panorama en el que gobiernos y sociedades deben lidiar con un capitalismo global estancado que se opone a las democracias, en el que la inestabilidad social y el colapso económico son o realidad o amenaza latente, las radicalización de las sociedades hace a los Estados frágiles tanto a la influencia y las presiones internacionales, como a las nacionalistas y populistas domésticas. El actual impulso de movilizaciones contra la ley financiera resucita esperanza, pero agudiza la incertidumbre sobre el futuro político. La ruta accidentada de la transición tunecina es familiar; ha sido recorrida por otros países en otras regiones, como América Latina.