La investigación a Javier Duarte ha consumido un año. ¿Qué revela lo sucedido en este tiempo?
Para empezar, una aparente gran paradoja: La investigación sobre el príncipe de los gobernadores corruptos ha implicado pactos y decisiones de gobierno que han implicado violaciones a distintas leyes para conformar el expediente de actos ilegales atribuidos al ex gobernador de Veracruz.
El año transcurrido desde las averiguaciones que llevaron a la orden de aprensión contra Duarte es un recorrido llano –sin necesidad de adjetivos y una retórica estridente– de conductas y decisiones que robustecen la imagen de un gobierno que apoyado en las leyes – en su interpretación y su uso– puede exculpar culpables, diseñar cargos y transgredir la ley desde las propias instituciones.
Un primer ejemplo de esto es José Juan Janeiro, el tercer hombre en la estructura criminal comandada por Duarte. ¿Alguien lo recuerda? Vive en España, protegido por un acuerdo con el gobierno del presidente Peña, tras un perdón concedido a cambio de información para esclarecer cómo se lavaba el dinero y desviaban los fondos del gobierno de Veracruz.
¿Cómo es posible que la Procuraduría General de la República haya solicitado (y recibido de un juez) la orden de cancelar la orden de aprehensión contra Janeiro, el operador financiero de Javier Duarte?
La Ley contra la Delincuencia Organizada establece reservas y requisitos específicos para invocar la figura de testigos protegidos o de colaboración con una investigación, y uno de los más importantes está hecho para impedir que estos acuerdos beneficien a personas a las que se les imputan delitos graves.
La PGR atribuyó a Janeiro lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos graves bajo las leyes del país.
En octubre del 2016, la PGR giró orden de aprehensión contra Duarte y ocho cómplices de lavado de dinero y delincuencia organizada. Una de ellas era Janeiro, a cargo de las estructuras financieras empleadas para desviar miles de millones de recursos públicos.
Para lograr el perdón de las autoridades, Janeiro entregó 150 documentos en los que habría detallado cómo lavaban dinero y desviaban recursos utilizando una red de empresas fantasma.
Otro ejemplo de interpretaciones y usos de la ley es la historia de la presunta novia de Duarte y las propiedades que le habría obsequiado el gobernador: hace dos meses ni siquiera formaba parte del expediente de la Procuraduría General.
¿Por qué todo esto representa una “aparente gran paradoja”?
Porque ya no lo les; porque ya no expresa –siguiendo la definición de María Moliner– una incompatibilidad aparente. Hoy lo normal es el uso jurídico y político de las leyes, desde las instituciones.
Mientras la señora Tress era encarcelada por su relación con un departamento, la esposa y el operador financiero del ex gobernador, implicados en el expediente en el desvío de miles de millones, están libres. Columna anterior: El lejano suroeste