Es 16 de diciembre de 2016. La Auditoría Superior de la Federación determina que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no contrató una póliza de seguro adecuada para la obra del Paso Exprés de Cuernavaca. Entre las irregularidades, autorizó pagos por obras no ejecutadas, firmó permisos para precios alzados. La dependencia asumió costos que le correspondían a la empresa contratista por la renta de andamios y la extensión de un puente peatonal.
La Auditoría ordena revisar los procedimientos de contratación, la ejecución de los pagos. En resumen, le ordenan cumplir las leyes. Fincan 14 observaciones. Una solicitud de aclaración y tres denuncias penales.
23 de agosto de 2017. Han pasado ocho meses de las observaciones y casi dos desde que dos personas murieron por asfixia, dos horas después de caer en un socavón, abierto en esta misma obra. Dos horas después de que ninguna autoridad llegó a liberarlos.
Gerardo Ruiz Esparza, secretario y máximo responsable de la institución cuestionada por la Auditoría, se enfrasca en un debate público con el gobernador de Morelos, Graco Ramírez.
La crónica no rebasa la imagen borrosa de quien mira afuera desde una ventana empañada. Se concentra en la disputa entre si el gobernador sonrió o no cuando se inauguró la obra, si ambos posaron o no para la foto, si dijeron o no algún discurso sobre los peligros y las irregularidades.
En el Congreso, el asunto de fondo, las irregularidades detectadas desde diciembre, terminan como parte de un boletín legislativo.
Las investigaciones sobre el caso, una fracción de ellas obtenidas por El Heraldo de México y publicadas este 28 de agosto, apuntan no sólo a pagos excedentes: también a que las autoridades ignoraron las alertas. Una investigación independiente determinaría si hay responsabilidades por negligencia y si alguien pagaría por estas muertes.
En lo que va del año, la Auditoría ha presentado 68 denuncias penales por irregularidades en dinero federal, que gastaron en 2015 dependencias y municipios.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto suman 486 denuncias. Contienen historias de dinero malversado, pagos no autorizados, precios que no concuerdan con los contratos, expedientes incompletos.
Los mecanismos -cada vez más sofisticados- para mover el dinero público hacia compañías de papel, cuentas bancarias en paraísos fiscales o propiedades en el extranjero, han saltado hasta ahora sin mayor complicación las débiles trancas de las investigaciones federales de la Procuraduría General de la República.
México se encuentra inmerso en un debate por el nombramiento de un nuevo fiscal y la reconversión a una fiscalía general. Mucha falta hace por cuestionarnos hasta dónde la Auditoría ha sido un gran y útil mecanismo y hasta dónde hay que colocar, como tema más que urgente en la agenda, que estas denuncias no se queden como expedientes de oropel, a los que se vuelve solo cuando ocurre una desgracia.
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