La realidad con frecuencia nos regala historias como esta que sucede ahora mismo en Coahuila, un retrato redondo de la política y el poder que pone el pie en el cuello del más débil y miente, difama o simula como si fuera cualquier cosa.
Hubo una vez un político llamado Miguel Ángel Riquelme. Un día su partido, el Partido Revolucionario Institucional, anunció que lo postulaba como candidato a la alcaldía de Torreón.
Riquelme ganó y al llegar al palacio municipal hizo lo que hacen los políticos en un cargo: se ocupó de los asuntos secretos de un gobierno, esos que con frecuencia se emparientan con la miseria y atropello como una forma de sometimiento.
Un día de noviembre de hace tres años, el alcalde Riquelme dio una orden (de esas que los políticos casi siempre niegan) y mandó a descontar parte del salario de los empleados municipales.
¿Para construir un parque? ¿Para levantar una biblioteca? ¿Para remozar las calles?
El alcalde de Torreón pidió quitarle a los trabajadores del municipio 3.5 por ciento de sus ingresos cada quince días para donarlo al PRI de Coahuila. ¿Con qué propósito? Una conjetura inocente podría ser: para respaldar con el dinero de los trabajadores las campañas de los candidatos de ese partido. Tres años más tarde el PRI acusaría a Delfina Gómez, candidata de Morena en el Estado de México, de hacer lo mismo que Riquelme.
Tras esquilmar a los barrenderos, los oficinistas, las señoras que limpian los baños y las secretarias, el alcalde Riquelme pidió licencia a su cargo, un eufemismo empleado para no decir cuando un político, al menos en la historia reciente, era despedido por inepto, por corrupto, o como Riquelme, que debía dejar colgados a sus gobernados para ir tras la gubernatura del estado.
Esta historia revelada hoy por la reportera Nayeli Corte´s está acompañada por una copia del oficio en el que el señor Riquelme reconoce la retención en un oficio entregado al Instituto Nacional Electoral en 2014.
Es importante el papel como prueba, desde luego. Pero también como un relato certificado –¿la firma de un alcalde sí lo hace responsable de sus actos en el gobierno, o como Gerardo Ruiz Esparza siempre tendrá una puerta de escape?– de cómo un gobierno puede actuar en contra de sus gobernados, y además hacerlos responsables de ello.
En Coahuila el PRI rebasó los límites de gasto de campaña en las elecciones de junio. Es un hecho que acompañado por la orden firmada por Riquelme permite ver algo más grande: la enorme alcancía de la burocracia en los estados priistas, incluyendo Torreón cuando el hoy gobernador electo era presidente municipal.
Lo más indignante es que Riquelme fue quien entregó al INE las copias certificadas de las cartas firmadas. Para los priistas es legal, correcto y justo descontar el salario de los trabajadores de un municipio.
La bota del poder en el cuello del más débil.
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