Dunia Ludlow: El desafío del Sistema Anticorrupción de la CDMX

La inseguridad es el problema público que más preocupa a los habitantes de la CDMX, seguido por la corrupción, de acuerdo con el INEGI. Ambos están intrínsecamente ligados, basta citar el caso del News Divine; el del Bar Heaven; y ahora, el presunto vínculo del jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, con el crimen organizado. Prevalece una crisis de credibilidad en las instituciones, partidos, políticos y gobernantes por la falta de confianza hacia sus autoridades. La ausencia de castigos ejemplares abona a la percepción de que la impunidad es la mejor aliada de la corrupción. Así como no podemos ser omisos con el contexto nacional, tampoco lo podemos ser con el local. Uno de los propósitos del Sistema Local Anticorrupción es coordinar los trabajos interinstitucionales para sancionar actos indebidos. El soborno, la extorsión, el desvío de recursos, el abuso de funciones, la contratación indebida, el enriquecimiento oculto y el tráfico de influencias son ilícitos que deben ser castigados a cabalidad. La Asamblea Legislativa aprobó el Sistema Local Anticorrupción con grandes pendientes. A pesar de que la Constitución de la CDMX señala que es facultad del Comité de Participación Ciudadana nombrar a su secretario técnico, la ALDF quiere imponerse designando a uno de los personajes clave. La sola idea de que el Poder Legislativo local nombre al brazo operador del Sistema Local Anticorrupción supone una injerencia para cubrirse las espaldas.

Por otro lado, la ALDF tomó a bien que el fiscal anticorrupción de la capital propuesto por el jefe de Gobierno sea ratificado por la actual legislatura para un periodo de 7 años, con posibilidad de reelección para un periodo igual. Lo anterior iría contra lo que la nueva carta magna establece y le restaría al primer Congreso de la CDMX, la facultad de ratificar al fiscal en la materia. Y digo restaría, porque aún falta que el gobierno promulgue el paquete legislativo o, bien, corrija el entramado jurídico para evitar la inconstitucionalidad. La Asamblea Legislativa se encuentra frente al reto de designar y ratificar distintos nombramientos que destaquen por su idoneidad y que no sean compadres de nadie para que no les tiemble la mano a la hora de imponer sanciones. La impunidad se termina cuando se castiga el acto indebido. Necesitamos recobrar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades e instituciones y hacerlos copartícipes en la toma de decisiones. Los trabajos deben ir encaminados a desmantelar las redes de corrupción, no en persecuciones políticas o en castigos a funcionarios menores. Cabezas y subalternos, según su grado de responsabilidad, deben ser investigados y castigados. Cuidemos que el Sistema Anticorrupción se implemente con ese propósito.