Para ser feliz, el hombre necesita interactuar en sociedad y, para garantizar el bien común de ésta, se requieren acuerdos, normas y leyes que definen sus formas de organización; valores y principios que prevalezcan para lograr una convivencia pacífica y alcanzar la justicia social. Esa premisa se cumple cuando se hacen efectivos los derechos humanos y sociales de las personas; es decir, cuando se atienden sus necesidades básicas. Este reto exige la intervención de autoridades para evitar que fenómenos como la pobreza propicien actos delincuenciales en aras de satisfacer esas demandas.
En la Ciudad de México, la atención de los sectores vulnerables es prioritaria, lo mismo que la inclusión y la erradicación de la discriminación, para que sus habitantes gocen de un piso parejo de derechos y tengan oportunidades con las que puedan resolver necesidades fundamentales sin cometer algún delito.
Para preservar los derechos sociales, en la CDMX se aplican programas y acciones orientadas a prevenir actos delictivos y procurar la justicia transparente hacia quienes delinquen, para propiciar su reinserción mediante un esquema de conocimiento de la justicia social y de combate a situaciones de vulnerabilidad.
Por ejemplo, Se Puede es una acción interinstitucional del Gobierno capitalino que promueve el acompañamiento de personas que están en etapa de preliberación o cumplen penas sustitutivas, y les acerca programas sociales, también a sus familias, para concientizarlas de que la sociedad, a la que han dañado a través del delito, les proporciona beneficios y satisfactores a sus necesidades, a fin de lograr una reinserción plena y comunitaria.
En la administración de Miguel Ángel Mancera, las estrategias para revertir fenómenos como el de la pobreza, se acompañan de acciones sociales que presentan al delito como factor que altera el orden y traiciona los principios rectores comunitarios.
Los programas y acciones institucionales en la CDMX buscan generar conciencia y pertenencia del tejido social, con el propósito de eliminar la brecha de desigualdad, erradicar el crimen y compartir la aspiración de alcanzar la paz social. La atención a grupos vulnerables se realiza bajo la visión de que los derechos humanos están íntimamente relacionados con los derechos sociales y su materialización ayuda a la conservación de ese tejido social.
Lograr la convivencia social armónica ha llevado a diseñar una estructura institucional sólida fundamentada en la democracia, donde las personas que la conforman cumplan los principios de transparencia, combate a la corrupción y acceso a la información pública, situación que permite atender los estándares del Derecho Internacional y los objetivos del milenio establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dentro de la agenda 2030.
*SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO