Hay procedimientos abiertos por Odebrecht en Función Pública

Han declarado más de 20 servidores públicos por el caso Odebrecht en la Secretaría de la Función Pública a cargo de Arely Gómez. Hay importantes hallazgos. Todo empezó en diciembre del año pasado. La resolución de la SEC de Estados Unidos (equivalente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores) se dio a conocer el 21 de ese mes y la prensa internacional escandalizó entonces a la clase política mexicana porque reveló que sobornos de Odebrecht alcanzaron a “un alto funcionario mexicano” – ahora se sabe que esa persona es Emilio Lozoya– a cambio de entregar contratos sin licitación de por medio. Era la víspera de la cena de Navidad. Pero Gómez ordenó, aún sin denuncia formal, abrir un expediente de oficio. Y coordinó a un grupo de auditores para rastrear todo lo relacionado con las revelaciones en el capítulo México de tres funcionarios de la compañía a la justicia brasileña. El grupo de auditores se metió en los archivos de adquisiciones y compras públicas de Pemex en busca de contratos contraídos con Odebrecht entre el periodo 2012-2014, fecha en que funcionarios aseguran que hicieron negocios en el país. En primera instancia los auditores no encontraron nada irregular ni ligado a la compañía que ha sacudido a la clase política de América Latina. Entonces se ordenó una búsqueda en toda la administración pública federal de contratos celebrados con la empresa Odebrecht, pero se obtuvieron resultados negativos. Después se realizó una búsqueda de algunos de los contratos más costosos de Pemex y hubo sorpresas: se identificaron esquemas de participación conjunta de empresas con diferente denominación. Eso alertó al equipo de Función Pública. También salieron a relucir algunas otras que resultaron ser filiales de Odebrecht. La fuente consultada se reservó los nombres para no entorpecer las indagatorias. Fue un trabajo intenso. Se identificaron tres contratos: dos de la refinería Tula, Hidalgo, y uno de la refinería Salamanca, Guanajuato. Son procesos, controvertidos. Alguno, incluso fue contraído por el gobierno de Felipe Calderón que comprometió a 25 años. Derivado de las primeras investigaciones, la Función Pública ha iniciado cuatro procedimientos administrativos dos contra la empresa y dos contra sus representantes legales, los cuales se encuentran en desahogo de pruebas. En dichos procedimientos las sanciones que podrían imponerse a las empresas brasileñas son hasta 10 años de inhabilitación por cada uno de los procedimientos iniciados. El nombre de los funcionarios que ha declarado también nos los reservamos por común acuerdo con la fuente consultada . La revisión de los contratos, sin embargo, continúa y cada uno de los hallazgos podrían generar el inicio de más procedimiento. El tema va para largo.   Columna anterior: Ooootra investigación como la Casa Blanca