Ooootra investigación como la Casa Blanca

Supongamos que Emilio Lozoya no recibió 10 millones de dólares de soborno como acusan tres funcionarios de la brasileña Odebrecht. Entonces la PGR declara su inocencia. Lo más seguro es que esta vez tampoco nadie lo creerá.   Supongamos que Emilio Lozoya sí fue sobornado como confesaron en su país los brasileños con el dinero depositado en cuentas internacionales y que esos recursos sirvieron para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto.   ¿Usted cree que Raúl Cervantes, ex asesor legal de la campaña de Peña, meterá a la cárcel al ex coordinador internacional de la campaña de Peña, o sea a Emilio Lozoya? Tampoco yo lo creo.   No hay mejor ejemplo, claro y contundente, que el caso Lozoya–Odebrecht para convencernos de que esta vez la oposición tiene parte de razón al no dar su brazo a torcer para terminar de implementar el Sistema Nacional Anticorrupción en los términos en que fue redactada.   En una comida reciente le hice ver al senador Juan Carlos Romero Hicks, quien aspira a la candidatura presidencial de su partido, el PAN, que mucho se quejan él y sus compañeros legisladores de haberse vencido el plazo sin designar al fiscal anticorrupción y que para enfrentar la críticas lo más fácil es culpar al PRI.   –A mi manera de entender las cosas ustedes también son responsables del fracaso– le dije.   Romero Hicks regresó una papa frita que llevaba en los dedos para comerla, pues deseaba que escuchara con claridad lo siguiente:   –El acuerdo que pelea el PRI de que el procurador en turno pase de forma directa a la fiscalía general (de quien dependerá la fiscalía anticorrupción) para un periodo de nueve años ya no puede seguir vigente porque todavía no pasaban los escándalos del nuevo PRI, es decir la corrupción de los Moreiras, Duartes y Borge.   Digo que en parte tiene razón porque antes de aprobarse el Sistema Anticorrupción en 2015 tuvimos el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto. Virgilio Andrade, quien trabajaba en Los Pinos, pasó a la Función Pública y exculpó a su amigo el presidente. La opinión pública, pese a la maniobra, sigue pensando en el conflicto de interés entre OHL y Peña Nieto. Andrade dio por cerrado el caso sin investigar la trayectoria del inquilino de Los Pinos por el gobierno del Estado de México donde hizo acuerdos con OHL. Era necesaria la autonomía en las investigaciones.   A pesar de eso, PAN y PRD en el Congreso acordaron inicialmente, como parte del paquete anticorrupción, el pase directo del procurador a la fiscalía y aunque no llevaba nombre alguno el terreno se preparaba para alguien cercano a Los Pinos. A Cervantes se le frustró la llegada a ministro de la Suprema Corte por incumplir los requisitos y se encaminó como el favorito de Peña.   Mientras el sistema anticorrupción cojea, en otro caso como el de la Casa Blanca la PGR de Cervantes citó a declarar a Lozoya. Esta es la crónica de una absolución anunciada.   Columna anterior: La ley infame de Eruviel Ávila