En las últimas semanas se ha mencionado en mayor medida que el sistema Scada, una de las estrategias utilizada por Pemex, de José Antonio González Anaya, para detectar fugas de combustible en la red de ductos de la paraestatal y combatir a los huachicoleros, ha sido sobrepasada. Ya no sirve. Es obsoleta, pues desde adentro o desde fuera, se puede vulnerar.
Las fallas son muchas. Se sabe que a escala global, el Sistema Supervisorio de Control y Adquisición de Datos, mejor conocido como Scada, presenta problemas de vulnerabilidad a ataques informáticos, lo que conocemos como hackeo o, puede ser el caso, alteraciones desde adentro de la paraestatal que hacen inservible el programa.
En el caso de Pemex, el uso de este sistema comenzó en la década de los 90, y justo en 2014 se anunció una inversión superior a los 282 millones de dólares para extender este esquema de monitoreo automatizado, mismo que actualmente no se ha traducido en contar con información confiable sobre el volumen de combustibles perdido, así como cálculos exactos del monto económico que representa este delito.
Además, Pemex no puede conocer con exactitud la magnitud del problema y, en consecuencia, ha limitado su capacidad para solucionarlo, situación que pone en riesgo la prestación de servicios de logística de petrolíferos de manera rentable y sustentable, con altos estándares de seguridad y confiabilidad.
Lo cierto es que las estimaciones del gobierno federal vía la Secretaria de Hacienda, aún en manos de José Antonio Meade, sobre el robo de combustible superan los 25 mil millones de pesos anuales.
Sin embargo, se sabe y podemos adelantar que la empresa productiva del gobierno mexicano prepara las condiciones para adquirir una tecnología que contribuirá a combatir las tomas clandestinas, al tiempo de erradicar los problemas de las mafias de los huachicoleros, y garantizar una mejora sustancial en la seguridad de los trabajadores de la empresa.
Se trata de los llamados Trazadores de Gasolina, moléculas químicas que sirven para caracterizar, marcar o sellar los petrolíferos, de hecho esta tecnología ya ha dado muy buenos resultados en Colombia.
Así, González Anaya y su equipo han reconocido que además de ser muy peligroso robar o almacenar combustibles de manera clandestina, se vulneran los números de la empresa, por eso, se han analizado experiencias y tecnologías internacionales que eviten el hurto de combustibles como los “Trazadores”, que usa ECOPETROL de Colombia, lo que garantiza que los combustibles no sean adulterados o sean de procedencia ilícita.
En México, el robo de combustibles ha aumentado en los últimos años, incluso, se han implementado operativos en conjunto con la PGR, de Raúl Cervantes, la Sedena, de Salvador Cienfuegos, y la Marina, de Vidal Francisco Soberón, para proteger los más de 14 mil kilómetros de oleoductos que transportan los combustibles.
En 2016, se detectaron seis mil 537 tomas clandestinas, de las cuales el 57 por ciento se ubicaron en los sectores de Salamanca, Guanajuato, con mil 938 tomas (29.6 por ciento), Asimismo, en ese año, los costos de reparación de ductos ascendieron a mil 700 millones de pesos, cantidades que este país no tendría que desembolsar.
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