Ninguna definición de democracia, ni siquiera en su acepción representativa tan socorrida por Hugo Chávez, o intentos no consensuados, dan ya para calificar al actual gobierno venezolano. Todos los umbrales autoritarios, de disrupción del Estado de Derecho, de respeto genuino a la soberanía, se han rebasado con creces. La imaginación del régimen para eludir al electorado ha llegado a estadios y convocatorias poco vistas en la región. El epítome de la serie de medidas dictatoriales para lograr dicha evasión fue el “simulacro” de elección para formar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Un sector de la nación venezolana ejerció el voto en un sistema sesgado y diseñado para garantizar la victoria a Maduro, porque le otorgó más peso electoral a las zonas rurales y disminuyó el de las áreas urbanas densamente pobladas, en donde la oposición es más fuerte. En este ejercicio participó también un elector intimidado por la amenaza de que quien no acudiera a la urna, dejaría de recibir el llamado Carnet Patria, que poseen 15 millones de venezolanos para acceder a beneficios sociales esenciales en un Estado de por sí inmerso en una crisis grave de inseguridad alimentaria.
Era evidente que al final de la jornada del domingo el régimen anunciaría una cifra de votos superior a los 7.5 millones de votos que recibió la consulta popular del 16 de julio, por la Mesa de la Unidad Democrática sobre la ANC. Nunca sabremos si los 8.1. millones de sufragios que supuestamente recibieron, en efecto se votaron y menos aún el nivel de abstencionismo. La observación internacional estuvo ausente y es imposible acceder al sistema de datos de la autoridad electoral.
¿Hacia dónde va Venezuela? ¿Qué más queda por hacer en un sistema carente de pesos y contrapesos? ¿Qué recurso diplomático o medida de coerción precisa instrumentar la comunidad internacional para canalizar alguna de salida a la crisis? Cada medida ingeniada por Maduro para postergar y cancelar elecciones ha detonado no en el fortalecimiento pero sí en la escisión entre las diferentes facciones de la oposición. Ésta sigue sin presentar propuestas claras pero está menos dividida, se retuitea recíprocamente y está formando un frente que puede llevarla a que en los próximos días nos despertemos con dos gobiernos paralelos en Caracas, con dos Congresos y dos tribunales supremos de justicia, en un contexto de mayor anarquía violenta. Porque así como el régimen está dispuesto a agotar todos los recursos anticonstitucionales y generar mayor polarización, cada umbral de autoritarismo que cruza, empodera aún más a la oposición que en los últimos meses ha reconocido el valor de expresar su hartazgo en las calles y la utilidad política de llevarlas a cabo de manera pacífica entre otros, con el objetivo de persuadir a las fuerzas armadas y a civiles chavistas en puestos clave a que comiencen a romper filas, tal y como lo ha hecho, la fiscal General.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos, México y Panamá a 13 funcionarios y militares cercanos a Maduro no fueron suficientes para disuadir al régimen de celebrar la elección para la Constituyente. Los principales países de América Latina, y España condenaron y desconocieron los comicios del domingo, aislando aún más al gobierno de Maduro. La administración Trump evalúa la conveniencia de instrumentar “sanciones económicas fuertes y rápidas” adicionales. Al tiempo que escribo esta nota, se desconoce aún si dichas sanciones incluirían un embargo a las importaciones de petróleo venezolano. De aplicarlas, habría que ponderar el dilema eterno de la efectividad de las sanciones unilaterales y no dirigidas, sobre todo contra un país en el que 10% de su población vive en extrema pobreza; donde hay desabasto de medicamentos y en donde, entre 2015 y 2016, la mortalidad infantil aumentó en más de 30%. ¿Más sanciones de las que de por sí ya sufre un pueblo como consecuencia de un régimen incapaz de gobernar?
Se requiere de una solución negociada realista, que restaure la democracia y que ofrezca garantías a todas las partes, incluido un régimen de justicia transicional, pero ¿mediada por quién? El diálogo promovido por El Vaticano y el ex presidente Zapatero está agotado. Perú ha convocado a una reunión de cancilleres de América Latina para cortar caja sobre la situación el 8 de agosto. Los grupos de contacto o ad hoc sugeridos en la OEA, no han prosperado. El secretario Ggneral Almagro contrató a Luis Moreno Ocampo para que compile pruebas para que un Estado de la OEA solicite que se abra una investigación contra el régimen en la Corte Penal Internacional, pero esto tiene su complejidad procedimental y tomará tiempo. Por otro lado, la situación de violencia que se ha registrado podría ser suficiente causal para que el Consejo de Seguridad de la ONU considere la situación del país como una amenaza a la paz y la seguridad internacional y sumarlo a su agenda. Pero, primero, la situación en Venezuela sigue bajo consideración de la OEA y segundo, no estoy segura de que Rusia y China cooperarían con objetividad.
¿Qué resta para México y la región? ¿Esperar a que el Ejército se divida y rompa filas? Por la poca información que existe, si bien hay disidentes, las fuerzas armadas siguen observando lealtad. Por el momento, la “América Latina responsable” que atinadamente incluye a México, no debe bajar la guardia, debe seguir al pendiente de lo que suceda in situ, entablar un diálogo franco con Cuba y continuar la presión desde los foros pertinentes. Pero lo que más apremia es estar preparados para asistir al pueblo venezolano a enfrentar las consecuencias humanitarias de un conflicto que, cierta estoy, escalará aún más.
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