“El mal de la calumnia es semejante a la mancha de aceite: deja siempre huellas”, Napoleón.
Quizá haya leído en la prensa nacional que esta semana se cuestionó la legalidad de una licitación del ISSSTE realizada en junio de 2015.
La supuesta denuncia confirma que en la medida en que nos acercamos al ocaso del sexenio las difamaciones y calumnias no se harán esperar.
Me refiero a una licitación para contratar servicios de limpieza por 600 millones de pesos en el instituto que comanda Reyes Baeza Terrazas y que supuestamente era cuestionada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Nada más falso.
Ni de lejos se trata de uno de los contratos más grandes del ISSSTE para obligar la mirada vigilante del Congreso, sin embargo el concurso de marras en su momento fue revisado por la secretaría de la Función Pública, a través del Organo Interno de Control del ISSSTE, que sancionó económicamente e inhabilitó a tres empresas, entre las que se encuentran FICOT y FEJASTEC, por lo que se ordenó la reposición del proceso.
No se necesitan más de dos dedos de frente para esperar la embestida de FICOT y FEJASTEC que, dicho sea de paso, fueron descalificadas.
Ambas firmas se dieron a la tarea de cuestionar el proceso licitatorio sin dar argumentos sólidos, aunque nombraron corruptelas y fuertes diferencias en las propuestas económicas que tampoco son reales.
Por ejemplo se dice que entre el ganador y el segundo oferente el diferencial fue de 154 millones de pesos cuando en realidad fue de 47 millones de pesos.
La falta a la verdad indica que la información difundida responde a intereses de otra índole donde se quiso meter zancadilla a Baeza.
La ruta del dinero
Nada que el impedimento a nivel nacional para la venta del popular dispositivo “Roku” se mantendrá vigente. Esto de acuerdo a una resolución de un Tribunal Colegiado Federal. Incluso la restricción aplica a más cadenas comerciales como Office Depot, El Palacio de Hierro, Liverpool y Walmart además de la tienda on line Amazon. De acuerdo a fuentes consultadas es inminente la aplicación de este veto a más tiendas departamentales en los próximos días. La decisión del poder judicial tiene como fundamento la ausencia de condiciones de seguridad en el aparato, con lo que los piratas informáticos pueden seguir explotando sus vulnerabilidades para continuar vendiendo señales de televisión de paga y streaming de manera ilegal. Habrá que decir que con dicha resolución los jueces no velaron únicamente por el interés de los productores de contenidos, sino también de la sociedad, pues la piratería es un delito que viene acompañado de otros que impactan directamente a los usuarios, como el robo de identidad, clonación de tarjetas de crédito y extorsión telefónica. ¡Cuidado con el diablito morado¡… Banorte de Marcos Ramírez lanzará notas estructuradas hasta por 5 mil millones de pesos para que el gran público inversionista acceda a warrants y futuros.
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