Los periodistas vivimos en el entramado de un puñado de historias, que seguimos en grupo, con el desenfrenado impulso de ganar la nota. Pero allí, en los casos que no seguimos, en las audiencias a las que no vamos, están los secretos que explican por qué un grupo de gobernadores y legisladores en México quieren reformar, una vez más, el tan reformado sistema penal mexicano.
En los últimos días hemos visto cómo un grupo de organizaciones civiles han protestado en contra de lo que han llamado una “contrarreforma” al sistema de justicia penal. ¿Cuáles son los cambios que más temen y por qué serían preocupantes?
Un borrador de estos pretendidos cambios, cuyo vocero es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien preside la Conferencia Nacional de Gobernadores, tiene como denominador común al ministerio público.
Un elemento central sería la prisión preventiva. Ante la falta de suficientes unidades de medidas cautelares -que evalúen los riesgos reales en cada caso para un posible escape, daño a la víctima u obstrucción de la investigación- y su poco uso, la solución parece encaminada a incluir más delitos en las categorías de prisión preventiva oficiosa.
¿Esto qué significa? Buscan que en más delitos la audiencia inicial sea un mero trámite, porque cualquier acusado por estos ilícitos pasaría en la cárcel la etapa anterior a su juicio.
En la propuesta, se agregaría el feminicidio, la portación de armas, el robo a casa habitación y de hidrocarburos. Ello implica que los delitos que generan más expectación en la prensa, y podrían traer más negativos a los políticos, no necesitarán ser sólidos desde el principio para que los acusados estén en la cárcel.
El discurso de lo políticamente correcto diría que estos son los delitos “que lastiman más a la sociedad”, pero también son muchos en los que se ha documentado ampliamente la existencia de falsos culpables, de chivos expiatorios.
La propuesta, cuya copia obtuvo El Heraldo de México, también eliminaría el derecho del imputado a tener una copia “gratuita” de los registros de su investigación. Lo mismo sucede con el cobro de una garantía que ahora tendrían que pagar los imputados, “conforme al daño causado”, esto es, que se calcularía de modo discrecional en cada caso. A juzgar por el primer año de operación del nuevo sistema penal en todo el país, en México los ministerios públicos no están siendo capaces de argumentar ante el juez con el histrionismo de quien convence, con pruebas documentales o investigación de campo.
Ante la falta de capacitación temprana en esas actividades cruciales, las modificaciones buscarían que los fiscales puedan presentar más documentos por escrito, en un juicio que se supone tiene su base en la oralidad. Y que tengan a más imputados en la cárcel, mientras preparan una acusación más sólida. Si esta iniciativa llega a puerto sería algo así como: a falta de un mejor goleador, hacer una portería más ancha.
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