Desarrollo urbano en peligro

Mirando Al Otro Lado Por: Ricardo Pascoe Pierce Después de observar el manoseo que está haciendo la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México con los mandatos emanados de la flamante y recién estrenada Constitución de la Ciudad de México, es de preocuparse lo que pudiera suceder con el concepto de desarrollo urbano de la Ciudad en México. Primero fueron los mandamientos emanados sobre las elecciones y la ley que había que emitirse para cumplir con ellos. La ALCM reinterpretó el sentir constitucional-que siempre es un riesgo, eso de reinterpretar lo que los diputados constituyentes quiso decir, especialmente cuando aún viven y te pueden desmentir-con sendos acuerdos polémicos. Redujeron el número tope de diputados que un partido puede obtener, para quitarle una posible mayoría de 2/3 partes de un solo partido (¡ni en Venezuela hicieron eso!), y promovieron un cambio en el diseño y definición de los distritos en la ciudad para combinar nuevas, y viejas, fuerzas políticas, buscando eliminar que un solo partido pudiera ganar arrasadoramente en la ciudad. Además, la ALCM modificó en mecanismo de reparto de concejales en los Concejos de las alcaldías, otorgándole, dice, la gobernabilidad al nuevo gobernante asegurando que vaya a tener una mayoría automática en ese cuerpo colegiado.Por último, clausuró a media asta la cortina para la participación de los candidatos independientes en la ciudad, a pesar del deseo de una masa crítica social importante en la ciudad que ha manifestado su disposición a votar por candidaturas no-partidistas (¿o será por eso mismo?). Aparte de los mecanismos electorales y lo que representan en términos del control político de la ciudad y la continuidad del mismo partido en el poder, el otro tema clave en la ciudad es el del modelo de desarrollo urbano y el control gubernamental sobre todas las etapas de su aplicación. En términos de corrupción, el modelo instaurado por Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de Gobierno de la ciudad de convertir el manejo y venta de usos de suelo en el ingreso mayor del partido en el gobierno en turno sigue hasta el día de hoy. Tanto el PRI como el PAN se allanaron al deseo e insistencia del jefe de Gobierno de controlar los usos de suelo a cambio, justamente, de la aprobación de la ley electoral que les garantiza, o pretende hacerlo, sus espacios que han ganado en la Ciudad de México, tanto en alcaldías como diputaciones. La gran contradicción entre el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México que hoy discute la ALCM, con toda la intención de lograr su aprobación, y lo que fue aprobado en la Asamblea Constituyente y que plasmó en el texto constitucional, es una cuestión de método y de intención. La intención del Constituyente era crear un instrumento para el ordenamiento inteligente, sustentable y democrático del desarrollo urbano de la Ciudad de México. Y el método que planteó en la Constitución de la Ciudad de México era el de transitar desde la reflexión de un cuerpo multidisciplinario y polirrepresentativo de la diversidad social de la ciudad que generaría un primer conjunto de propuestas concretas, para luego transitar a la consulta ciudadana abierta y democrática, para finalizar en el cuerpo legislativo legalmente establecido para la aprobación de un plan de desarrollo urbano de largo plazo. Pero, en vez de ello, lo que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México resolvió hacer era generar su propio plan de desarrollo urbano, ponerlo a consulta y aprobarlo lo más rápidamente posible. Literalmente el mensaje legislativo es: apruébese sin demora. El descontento ciudadano es notorio, con este procedimiento y con la intencionalidad de darle al gobierno local un instrumento de desarrollo urbano a modo. Se está discutiendo un documento cuya intención es territorializar a la Ciudad de México en múltiples usos de suelo, sin haber realizado los estudios que verdaderamente amerita semejante intención. El efecto que tendría ese nuevo ordenamiento es cambiar los usos de suelo en toda la ciudad, con la consecuencia previsible de desatar una fiebre inmobiliaria destructora peor a la que desató el Bando 2 de López Obrador a principios de 2001. Sería un despropósito gravísimo que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobara el proyecto que tiene en sus manos, desatendiendo la verdaderas intenciones que subyacen en su posible instrumentación. Y los diputados y diputadas que aprobasen el proyecto serían cómplices de dicha intencionalidad. ¡Quedan advertidos! Hay una salida posible, si los legisladores no quieren perder cara. Convertir su documento en elemento de consulta como aporte de ésta legislatura al proceso constitucional que deberá hacerse al entrar en vigor la Carta Magna de la ciudad. Y su aporte pudiera servir como base, incluso, para abrir un proceso de elaboración de un Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México inteligente, sustentable y democrático.