Durante más de dos siglos de vida independiente de nuestro país, las personas indígenas han sido invisibilizadas. La Ciudad de México no ha sido la excepción, los resultados de la Encuesta sobre Discriminación realizada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) señalan que este grupo de población es el más discriminado entre los más discriminados, a pesar de la gran herencia cultural y patrimonial que nos han legado en costumbres, idioma, arte, arquitectura, medicina, técnicas de cultivo y gastronomía.
Es por ello que los integrantes de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas abrazaron e hicieron suya la iniciativa del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de incluir en la Constitución de la Ciudad de México la Declaración de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que responde a sus demandas históricas de autodeterminación, respeto a su autonomía y la obligación a ser consultados ante aquellas decisiones de gobierno que les afecten; además del derecho a la educación, salud, empleo, justicia, participación política, entre otros.
Destacamos también el proceso de consulta que se realizó en paz y con éxito, organizada por diputados constituyentes de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas: Jesús Ramírez Cuevas, Nelly Juárez, Guadalupe Muñoz y Augusto Gómez Villanueva, entre otros, quienes atendieron las recomendaciones que sobre el tema ha hecho la Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, en el sentido de que las consultas deben ser de buena fe, con información previa para una participación libre e informada.
Así, los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución fueron avalados por unanimidad por todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Constituyente.
Dichos artículos reivindican el carácter pluricultural, plurilingüe y pluriétnico de nuestra ciudad, al establecer y garantizar los derechos de los pueblos y barrios originarios, y comunidades indígenas residentes.
Corresponde ahora elaborar el Plan de Implementación de la Declaración para dar cumplimiento a lo comprometido. Desde nuestro punto de vista este Plan debe incluir políticas públicas transversales, y partidas presupuestales específicas para favorecer la inclusión de las personas indígenas; y garantizar, promover, proteger y respetar sus derechos.
Además, asegurar su participación en la toma de decisiones públicas e iniciar la elaboración del anteproyecto de Ley de Consulta Ciudadana y la Ley de los Derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, que deben señalar las directrices para poner un alto a la discriminación, despojos y la falta de atención hacia ellas por parte de las instituciones. Este es el reto inmediato.