A partir de la década de los ochenta del siglo XX los gobiernos de los países desarrollados encabezados por los Estados Unidos de América (Reagan) y la Gran Bretaña (That- cher) viraron el modelo económico intervencionista, y del Wefare State transitaron al libre mercado neoliberal.
En este orden de ideas, y aunado al derrumbe del socialismo real, esta nueva versión del capitalismo ha llevado al mundo a una situación en la que las diferencias entre ricos y pobres cada día es más amplia.
Ningún país se ha podido sustraer de la globalización económica y la mayoría de las naciones están sumergidas en las desigualdades sociales.
En México, más de la mitad de su población está inmersa en la pobreza material y muy poco han podido hacer los poderes públicos y los sectores privados para generar condiciones con el objeto de atemperar las asimetrías prevalecientes.
Es necesario hacer efectivas otras de las vertientes de la globalización. Además de la transnacionalización de la economía es menester concretar en la realidad la universalización de los derechos humanos y llevar los beneficios a todos los rincones del planeta tierra.
Si bien es cierto que la discriminación es un fenómeno global, es importante no pasar desapercibido que en algunos países las prácticas que le son propias están arraigadas culturalmente y el disparejo desarrollo entre los sectores que componen esas sociedades inciden de manera notable en expandir los efectos nocivos de la discriminación.
En el caso mexicano, los rostros de la discriminación son propiciados en gran medida por la pobreza y las desventajas sociales que viven la mayoría.
La desigualdad social incluye, además de la diferencia del ingreso y el consumo familiar, discrepancias en el nivel de vida de las personas, sus capacidades, en el ámbito de participación y, en suma, en el ejercicio pleno de derechos y libertades.
En otras palabras, mientras la pobreza en la antigüedad se explicaba mediante la insuficiencia alimentaria, hoy, la pobreza implica “carencia de multitud de cosas”, en el que se incluyen no sólo aspectos materiales sino también ideológicos.
Por tanto, el principal reto que enfrenta el Estado mexicano es lograr la justicia social sobre la base de revertir paulatinamente la situación de vulnerabilidad material que sufren millones de personas y la adopción de medidas normativas e institucionales tendientes a la eliminación de toda práctica discriminatoria.
De nada sirve la “cláusula de no discriminación” contenida en el artículo primero de nuestra Constitución, si no se formulan políticas públicas serias.
Sin duda alguna, el CONAPRED, presidido por Alexandra Haas Paciuc, es el órgano del gobierno mexicano que puede delinear los trazos necesarios de lo que falta por hacer en el ámbito de la discriminación , así como contribuir -con su gran experiencia- a la lucha a favor de quienes menos tienen.