La farsa del Sistema Nacional Anticorrupción 

OPINIÓN

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El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el costoso aparato burocrático para simular que se combate el saqueo del patrimonio público, nació de un capricho del presidente del PAN, Ricardo Anaya, y fue avalado por Enrique Peña Nieto, jefe del Ejecutivo, porque le garantiza impunidad plena. En octubre de 2014, como presidente interino del PAN y en respuesta a los escándalos de corrupción panista --como los “moches” de los diputados que avaló cuando fue coordinador--, Anaya propuso crear el SNA, aprovechando el repudio a Peña por la Casa Blanca y a Luis Videgaray por la mansión de Malinalco que recibieron del mismo contratista. Pero este proyecto nació muerto: No sólo hizo inimputable al Presidente de la República por incurrir en corrupción, sino que además se partidizó la integración de los órganos que investigarán e impondrán sanciones a los corruptos, en el caso de que los haya. En un país donde el Presidente de la República es el vértice del poder, con las amplias atribuciones y facultades que le otorga el artículo 89 de la Constitución, pero también con las que le da el 27 para concesionar la riqueza de la nación --energía, telecomunicaciones, minería, aguas, etcétera--, no es posible responsabilizarlo de corrupción. Así, en el SNA, aprobado en el Congreso sólo por PAN, PRI, PRD, PVEM y Panal, el Presidente de México es intocable. ¿Por qué? Anaya nunca lo ha explicado, como tampoco ha hecho una sola crítica a la corrupción de Peña. Pero si el presidente de la República, con todo su poder de corromperse y corromper, ha quedado impune en las leyes, las instituciones que deben darle viabilidad han sido capturadas por los intereses de Anaya y Peña, en particular el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que impondrá sanciones a servidores públicos y particulares corruptos. Los tres magistrados propuestos por Peña para integrar la tercera sala del TFJA y los 15 para las cinco salas regionales evidencia la lógica de facción, pero también un pacto con Anaya, porque al menos diez están vinculados a PAN y PRI. Los panistas son, por ejemplo, Álvaro Castro, subsecretario del Trabajo con Javier Lozano, y Víctor Mariel Soulé, secretario general del Cisen y jefe de agenda de Santiago Creel como secretario de Gobernación. También María Zaragoza Sigler, quien trabajó con el exdiputado Fauzi Hamdan; Verónica Aguilera Orta, excandidata suplente a diputada, y Ana Yadira Alarcón Márquez, diputada federal suplente. En la Comisión Permanente PAN y PRI se culparon por no aprobar a tiempo el fiscal anticorrupción y los magistrados. Fue la senadora priista Diva Gastélum quien dijo por qué: “Somos 128 senadores, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque nos encantan las cuotas. ¿A quién le va a tocar el fiscal y los 18 (magistrados)? ‘¡No, te tocan más a ti y no sé qué!’ Digan la verdad. Mentir también es corrupción, venir a decirle a la gente lo que quieren ustedes en aras de 2018 también es corrupción. Digamos la verdad”.   Columna anterior: Una cíclica perversión: elecciones compradas