La farsa del Sistema Nacional Anticorrupción 

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el costoso aparato burocrático para simular que se combate el saqueo del patrimonio público, nació de un capricho del presidente del PAN, Ricardo Anaya, y fue avalado por Enrique Peña Nieto, jefe del Ejecutivo, porque le garantiza impunidad plena. En octubre de 2014, como presidente interino del PAN y en respuesta a los escándalos de corrupción panista --como los “moches” de los diputados que avaló cuando fue coordinador--, Anaya propuso crear el SNA, aprovechando el repudio a Peña por la Casa Blanca y a Luis Videgaray por la mansión de Malinalco que recibieron del mismo contratista. Pero este proyecto nació muerto: No sólo hizo inimputable al Presidente de la República por incurrir en corrupción, sino que además se partidizó la integración de los órganos que investigarán e impondrán sanciones a los corruptos, en el caso de que los haya. En un país donde el Presidente de la República es el vértice del poder, con las amplias atribuciones y facultades que le otorga el artículo 89 de la Constitución, pero también con las que le da el 27 para concesionar la riqueza de la nación --energía, telecomunicaciones, minería, aguas, etcétera--, no es posible responsabilizarlo de corrupción. Así, en el SNA, aprobado en el Congreso sólo por PAN, PRI, PRD, PVEM y Panal, el Presidente de México es intocable. ¿Por qué? Anaya nunca lo ha explicado, como tampoco ha hecho una sola crítica a la corrupción de Peña. Pero si el presidente de la República, con todo su poder de corromperse y corromper, ha quedado impune en las leyes, las instituciones que deben darle viabilidad han sido capturadas por los intereses de Anaya y Peña, en particular el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que impondrá sanciones a servidores públicos y particulares corruptos. Los tres magistrados propuestos por Peña para integrar la tercera sala del TFJA y los 15 para las cinco salas regionales evidencia la lógica de facción, pero también un pacto con Anaya, porque al menos diez están vinculados a PAN y PRI. Los panistas son, por ejemplo, Álvaro Castro, subsecretario del Trabajo con Javier Lozano, y Víctor Mariel Soulé, secretario general del Cisen y jefe de agenda de Santiago Creel como secretario de Gobernación. También María Zaragoza Sigler, quien trabajó con el exdiputado Fauzi Hamdan; Verónica Aguilera Orta, excandidata suplente a diputada, y Ana Yadira Alarcón Márquez, diputada federal suplente. En la Comisión Permanente PAN y PRI se culparon por no aprobar a tiempo el fiscal anticorrupción y los magistrados. Fue la senadora priista Diva Gastélum quien dijo por qué: “Somos 128 senadores, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque nos encantan las cuotas. ¿A quién le va a tocar el fiscal y los 18 (magistrados)? ‘¡No, te tocan más a ti y no sé qué!’ Digan la verdad. Mentir también es corrupción, venir a decirle a la gente lo que quieren ustedes en aras de 2018 también es corrupción. Digamos la verdad”.   Columna anterior: Una cíclica perversión: elecciones compradas