Es increíble que en medio de la “Revolución de las Comunicaciones” y después de 22 años de Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) aún no exista un capítulo que regule las transacciones electrónicas entre los socios, y mucho más grave que en México no haya una normatividad clara frente a los 13 mil millones de dólares anuales que genera.
Las asociaciones de empresas involucradas de este país lo exigen desde que en el año 2000, cuando los diputados mexicanos sólo consensuaron guardar la privacidad de los usuarios y evitar publicidad engañosa en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Sobre la regulación en la transferencia de información, ciberseguridad, localización de equipos vía GPS, cuidado de código fuente o protección internacional de datos de los ciudadanos nunca se habló o se dejó para después como si fueran asuntos intrascendentes para pasar por alto.
El caso es que ni siquiera existe una estrategia para empujar a las pequeñas y medianas empresas a visualizar sus ventas más allá del comercio tradicional que cada vez perderá más y más terreo frente a las compras sin fronteras del el e-commerce.
El resultado de esta desidia legislativa es tan simple como las leyes de la oferta y la demanda: la tajada gorda del comercio electrónico se lo está llevando EU.
De acuerdo con cifras de la empresa Pay Pal, el 60% de las 13 millones de personas que actualmente compran por internet en México - alrededor de siete millones de mexicanos- lo hacen con compañías del otro lado de la frontera principalmente por la confianza en ciertas marcas pero también porque en EU sí hay una legislación más precisa y ambiciosa.
A través de la Comisión Federal de Comercio, el gobierno estadounidense exige a las empresas proteger a los clientes (en México el foco es que los clientes se cuiden de las empresas), tiene bien regulado el uso comercial del email y un peculiar impulso para que las compañías pequeñas se sumen a las ventas electrónicas con apoyo de la Small Business Administration.
Por otro lado, México adolece de una regulación de impuestos para las transacciones online, situación que tarde o temprano saltara en las renegociación del TLC porque aunque el impuesto de importación sea de cero, las empresas extranjeras online deberían pagar gravámenes locales como el IVA para no dejar en desventaja a las compañías domésticos.
El Tratado de Asociación Traspacífico (TTP) – al que pertenece México y que abandonó Trump en enero pasado- ofrece un precedente al menos para este tema: los países involucrados acordaron no incluir impuestos que dañen las operaciones comerciales de alguna de las partes.
Pero antes de llegar a este punto en el TLC, México debería comenzar por hacer una ley interna robusta, con sus particularidades y retos, justo en el periodo legislativo que arranca casi a la par de la renegociación del acuerdo comercial que inicia a mediados de agosto en el que México se juega su futuro.
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