INE, como Ruiz Esparza

Al puro estilo del secretario de Comunicaciones y Transportes,  quien pretende “lavarse las manos” en el asunto del socavón en el “paso de la muerte”, culpando a Tláloc, a la basura, y en última instancia a la constructora, el presidente del Instituto Nacional Electoral y consejeritos que lo acompañan, quieren hacer lo mismo con el tema de los topes de gastos de campaña  de los partidos políticos y candidatos que participaron en las elecciones del pasado 4 de junio en Coahuila, Estado de México, Nayarit, y Veracruz. Mientras la sociedad y la opinión pública esperaban ansiosamente que después del sospechoso receso del viernes, el INE informara ayer sobre “las inconsistencias” en los informes de ingresos y gastos de aquéllos, primero se tiraron el rollo de que lo suyo, lo suyo, es fiscalizar para determinar con precisión a cuánto ascienden los recursos recibidos y gastados en cada campaña; los reportados y los no reportados, sin tomar en cuenta las consecuencias que ello supone. La fiscalización tiene que ser ajena a ello y, por supuesto, imparcial, insisten. Bueno, imparcial, lo que se dice imparcial no se ha visto, acotan los observadores, pues resulta  que primero sueltan unas cifras de quiénes rebasaron los gastos de campaña, y luego avientan otras corregidas y disminuidas, argumentando que los “cabilderos” de los partidos políticos les aclararon que no había sido gasto sino inversión; que no era publicidad sino propaganda; que no eran tarjetas de débito sino simples estampitas.  ¡De a cómo! Les gritan los espectadores.  Y para alimentar el sospechosismo, ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió, por unanimidad,  ordenar a la Comisión de Fiscalización iniciar un procedimiento oficioso con el objetivo de verificar la validez de los Comprobantes de Representación General o de Casilla, y determinar los gastos que no fueron reportados a la autoridad electoral, respecto de los representantes de los partidos políticos y coaliciones durante la jornada electoral del pasado 4 de junio. El pleno resolvió iniciar dicho procedimiento de inmediato, en el cual los partidos políticos tendrán un plazo de 24 horas para entregar a la autoridad electoral la totalidad de los comprobantes que aún estén en su poder, en los que se especifique si los susodichos representantes participaron de manera voluntaria o a cambio de alguna lana. ¡Qué burla!  Uno de los consejeritos del Instituto destacó que la fiscalización se realiza en un contexto de pobreza, escándalos de corrupción y denuncias de la opinión pública de cuantiosos recursos no reportados en las campañas; sin embargo, el INE, para acreditar algún gasto no reportado y, por tanto, un ingreso de origen desconocido, debe de presentar evidencias concretas, tangibles y mensurables. ¡Si este cuate trabajara en el nuevo Sistema de Justicia Penal, ya hubiera liberado a todos los pillos, incluyendo a los delincuentes electorales! Exclama el respetable.   Columna anterior: INE, se les hace bolas el engrudo