Hasta hace muy poco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público era la dependencia del Ejecutivo que -en el orden federal y de manera prácticamente exclusiva- elaboraba los Presupuestos de Egresos.
Por: Armando Alfonzo Jiménez
Eso permitió la formación de un número importante de técnicos expertos en el área de derechos humanos, pero sólo dentro de la administración pública.
Gracias al pluralismo político, el papel del Poder Legislativo Mexicano recientemente ha cobrado significación y, a través de la Comisión especializada de la Cámara de Diputados, se ha incidido en la formulación de los Presupuestos.
Por su parte, los estados de la República se han ceñido a lo dispuesto por la Federación y han tenido poco margen de maniobra para determinar las previsiones del gasto público.
Ante los recientes escándalos de presuntas malversaciones del gasto por parte de ciertos gobernadores y frente a la impunidad prevaleciente, urge que las instancias participantes en la configuración de los Presupuestos de Egresos contemporicen lo
mandatado por la Constitución General de la República.
Por ejemplo, la Carta Magna determina en su artículo 1º, respecto de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los habitantes de nuestro país. Lo anterior permitirá desarrollar políticas públicas orientadas al pleno ejercicio de los derechos.
Es necesario que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de José Antonio Meade, como los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, cuya presidencia está ahora a cargo del Diputado priista Jorge Estefan Chidiac, asuman con gran compromiso lo establecido constitucionalmente para contar con un presupuesto con verdadero rostro humano.
Sería muy útil la realización de foros de reflexión para tomar en cuenta la perspectiva de los Derechos Humanos en la integración del Presupuesto de Egresos. Existen criterios apuntalados ya por Naciones Unidas y algunas experiencias
locales que pueden resultar de referencia.
Un presupuesto con perspectiva de Derechos Humanos permitirá auténticas
políticas públicas apegadas a las necesidades de las personas. A la vez que será más sencillo dar puntual seguimiento al ejercicio del gasto y se evitará el mal uso de los
recursos públicos asignados a los casos de posibles violaciones de los derechos humanos.
Por cierto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha insistido al Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, sobre la necesidad de dotar de recursos suficientes a la Fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y al Mecanismo para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Ya es tiempo de tomar medidas serias encaminadas a poner un alto a la impunidad.
*Armando Alfonzo Jiménez es Constitucionalista y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI).
@ArmandoAlfonzo