En los nombres de los “dueños” en que se reparten las 95 mil 500 hectáreas usurpadas por Roberto Borge están centradas las miradas en Quintana Roo. Habrá que ver si se atreven a comparecer ante el juzgado para alegar su “legítimo derecho” de propiedad.
“Lo que quedaría claro es que son parte de todo el andamiaje de corrupción por medio del cual se regalaron terrenos paradisiacos”, me dijo vía telefónica Eduardo Martínez, actual presidente del Congreso en Quintana Roo. Ha sido una de las principales piedritas en el zapato del ex gobernador capturado.
En la primera etapa del proceso contra Borge supo capitalizar el enojo ciudadano y el apoyo de su partido, el PAN, para exhibir poco a poco la red criminal que construyó el priista. Empujó la comparecencia de funcionarios que fueron desnudados políticamente hablando en sesiones públicas transmitidas en vivo por primera vez y en las que, acorralados por las preguntas, aceptaron también haber firmado millones de pesos sin conocer su destino.
Esa fue la primera etapa que permitió terminar de documentar la red criminal y aumentar la presión social para que finalmente un funcionario cayera preso, otra funcionaria enfrente proceso y el auditor y fiscal, impuestos por Borges por nueve años con el afán de cuidarle las espaldas, terminaran siendo removidos. Ese juego de imposiciones en cargos clave es lo que ocurre en la mayoría de los estados y en ninguno como en Quintana Roo se ha logrado desmantelar la red desde abajo y en áreas estratégicas.
En Nayarit, por ejemplo, el saliente gobernador Roberto Sandoval, cuyo fiscal Édgar Veytia, fue detenido en EU por nexos con el narco, mantiene la facultad para nombrar al sucesor de Veytia por nueve años también, a pesar de las sospechas que pesan en su contra. Aunque ha declarado que el nombramiento se lo dejará a su sucesor hay expectativa para que no vaya a madrugar.
Pero el siguiente paso en Quintana Roo por parte del diputado Eduardo Martínez es ir más allá. “No basta con las remociones ni la captura de Borge. Los bienes tangibles inmuebles deben ser recuperados y reincorporados al estado, tanto las áreas de reserva ecológica, como las comerciales. Que se resarza el daño patrimonial que se le ha ocasionado al estado”. El cabildeo que trae en su estado para que no pase lo que con los Duarte, donde los bienes no han sido devueltos, tuvo eco: la Coparmex se sumó a su petición y exige la reparación del daño.
¿Irán a ir los prestanombres de Borge a pararse al MP y reclamar sus terrenos? Sólo por decir algunos nombres: César Celso González Hermosillo, María Lourdes Pinelo Nieto y la mamá del propio Borges, son parte de la red hasta ahora intocables.
CRUZADO: Tras la exigencia de Javier Duarte para hablar con Peña Nieto, el presidente regresó de Guatemala, donde está preso el ex gobernador, cuyas 56 denuncias aún no se consignan ante un juez.
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