José Alfonso Rivera Domínguez: Desarrollo social como política de Estado

El pasado 25 de mayo la Secretaría de Desarrollo Social cumplió 25 años de haber sido instituida. Su establecimiento, en 1992, cristalizó un largo esfuerzo por afirmar al desarrollo social como política de Estado. Los afanes para hacer efectivos los derechos constitucionales a la educación, salud, vivienda digna y trabajo, entre otros, registran históricamente diferentes etapas Así, entre 1920 y 1982 se establece la educación básica laica, gratuita y obligatoria a cargo del Estado y se crean instituciones de bienestar social como la CONASUPO, el IMSS, el ISSSTE e INFONAVIT. En el periodo 1982-1994, se redefinieron políticas y programas sociales a fin de generar una nueva relación de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad. En esta etapa se crea la Sedesol, para integrar en una sola dependencia los diferentes programas de atención a los sectores sociales más desprotegidos y sobre todo para darle cauce institucional al exitoso Programa Nacional de Solidaridad. Entre 1995 y 2000 se reforma la política social para mejorar los índices de bienestar, descentralizándose recursos, funciones y atribuciones hacia los estados y los municipios. El 20 de enero de 2004 se publicó la Ley General de Desarrollo Social. Un aporte significativo de esta Ley fue el establecimiento de mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la política social, para lo cual se creó el Consejo Nacional de Evaluación. La metodología de medición multidimensional definida por el Coneval, se ha convertido en un elemento aglutinador de la política social entre los tres órdenes de gobierno, que ahora comparten indicadores comunes. Con la nueva metodología se pudo identificar, por ejemplo, que en 2016 se afiliaron 6.6 millones de estudiantes de preparatorias y universidades públicas al IMSS, 82 veces más que el promedio anual registrado entre 2006 y 2015, que fue de 80 mil. También de acuerdo con el Informe 2016 del Coneval, fueron significativos los avances en la creación de empleos formales, en pensiones para adultos mayores, vivienda, servicios básicos, alimentación y en el bajo impacto de la inflación en los precios de los alimentos básicos. Con la coordinación entre la federación, estados y municipios, se ha conseguido incrementar el gasto social y hacer más eficiente su ejercicio. En 2015, el presupuesto federal para programas prioritarios representaba 39% del total, mientras que para 2016 este porcentaje fue de 70%, y la proporción se mantiene en 2017. El pasado 24 de mayo, a un día del 25 aniversario de la Sedesol, su titular, Luis Enrique Miranda, presentó el documento rector de la Estrategia Nacional de Inclusión, con un marco normativo y operativo que la fortalece como una de las mejores prácticas sociales que se hayan implementado en la historia reciente de México. La ENI sienta las bases para que la política social de Estado alcance todo el territorio nacional con objetivos claros, mecánicas de seguimiento precisas y elementos de monitoreo eficaces. A 25 años contamos con una política de Estado para el desarrollo social más firme que nunca, a partir de una legislación de avanzada, instituciones renovadas, evaluaciones serias y mecanismos de coordinación producto de una responsabilidad social compartida.   *Delegado Federal de Sedesol en la Ciudad de México 

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