El camino de la sucesión está plagado de imponderables y al menos uno de ellos será fundamental para favorecer o no la estabilidad y la paz durante las elecciones presidenciales, las cuales concurren con procesos locales en 30 entidades. ¿Cómo llegarán las autoridades electorales a la elección de 2018 que desde ahora se mira difícil, competida y polarizada? Dependerá en buena medida de la forma como procesen y resuelvan las quejas sobre los comicios en el Estado de México y Coahuila.
En el desarrollo de las campañas, el árbitro brilló por su ausencia. El proceso en Edomex acaparó el interés de la opinión pública por su peso económico y electoral, así como porque de ahí es el grupo del Presidente. Desde el primer momento quedó exhibida la operación de Estado a favor del candidato oficial con la invasión del gabinete de Enrique Peña Nieto para entregar programas y beneficios.
El descaro llegó a tal punto que el PRI recurrió a explícita y confesa compra del voto ofreciendo “tarjetas rosas” a madres de familia, las cuales serían activadas con dinero en caso de que ganara Alfredo del Mazo; y no hablemos del despilfarro obsceno de recursos y la movilización de las estructuras del gobierno a favor de éste. Con menos reflectores, Coahuila no le pide nada a Edomex -podríamos decir lo mismo de Nayarit, pero ahí la amplia ventaja opositora, producto del éxito de la alianza amplia, minimizó el impacto de la operación priista.
Los resultados no cambiarán, pero ambas elecciones podrían ser anuladas si las autoridades electorales hacen su trabajo. Una oportunidad para que éstas se fortalezcan y recuperen la credibilidad perdida. La Unidad de Fiscalización del INE deberá presentar pronto su proyecto de dictamen sobre los gastos de campaña. La ley establece que si el que ganó rebasa por más del 5% el tope y la diferencia entre el primero y segundo es de menos del 5% la anulación se da en automático. A Enrique Peña Nieto le favoreció en 2012 la exibilidad de la anterior legislación, aunado a una interpretación de la misma a su medida, para prorratear irracionalmente gastos con otros candidatos y librar el rebase. Pero en el caso de Edomex sólo hubo elección a gobernador, es decir, Del Mazo no tiene con quien prorratear. Todo gasto de la coalición gobiernista se le debe sumar íntegramente a él.
Por su parte, el TEPJF deberá analizar la evidente y documentada manipulación de paquetes electorales en Coahuila, en una elección en que por primera vez el Conteo Rápido dio distinto ganador que el PREP cerrado con el menor número de actas computadas de la historia (72%). Eso lo deberá hacer junto con la calificación de la elección de Edomex en momentos que la SCJN analiza la consitucionalidad de la prórroga de mandato de cuatro de sus magistrados después de electos. Pronto veremos de qué están hechas las autoridades electorales que organizarán y calificarán las elecciones presidenciales de 2018.
*Integrante Grupo "Galileos" del PRD