Definitivamente las pasadas elecciones fueron un retroceso democrático, en especial en Coahuila y en el Estado de México. En ninguna de las dos entidades hubiera ganado el PRI sin el apoyo de las prácticas fraudulentas que ocurrieron, desde la alteración de los paquetes electorales hasta el uso indiscriminado e ilegal de recursos públicos gubernamentales.
Como respuesta, en Coahuila se formó un frente opositor encabezado por los candidatos a gobernador del PAN, Morena, PT y dos independientes, que están exigiendo por diversos medios, incluyendo las impugnaciones ante los tribunales, la limpieza de los comicios.
En el Estado de México las condiciones fueron distintas y difícilmente podría conformarse un frente similar. Lo último que propiciaron tanto la candidata morenista como su dirigente nacional fue un diálogo que permitiera ahora armar una defensa común. Por el contrario, con el PRD lo que hubo fue amagos y amenazas y tanto con éste como con el PAN, el discurso fue –antes y después de las elecciones- de desprecio e insultos.
Sin embargo, ni los habitantes del Estado de México ni la democracia en el país tienen por qué pagar el precio de la soberbia de López Obrador y compañía.
El PAN y Morena son adversarios naturales, tanto en aspectos de forma como de fondo. Su plataforma programática resulta en muchos casos contrapuesta. Los tintes de doctrinas del pasado son notorios en el discurso del partido de AMLO, como en temas como la intervención estatal en la economía o la educación.
En asuntos más prácticos, un eventual triunfo de Delfina Gómez en la gubernatura pondría a su partido en una mejor posición para la carrera presidencial.
Es pues evidente que al impugnar el proceso electoral mexiquense, el PAN indirectamente podría terminar beneficiando a Morena. Sin embargo, hay riesgos mucho mayores que también debe calcular.
Si las cosas permanecen como están y el PRI se sale con la suya, se va a fortalecer nuevamente aquella subcultura del fraude electoral que antes de estas elecciones parecía ya lejana. Los priistas que la fomentan –que no son la totalidad- van a envalentonarse y tomar nuevos bríos para las campañas del 2018.
Por otra parte, también puede terminar de validarse la displicente y omisa actitud de las autoridades electorales locales y del INE, para quienes al parecer no pasó nada grave.
Por eso es importante que el PAN siga adelante con la impugnación a la elección mexiquense por la que pide la anulación de la misma. No se trata de ver hoy quién gana o pierde este round, sino que las condiciones para la lucha del año que entra sean las mejores, con reglas que se obedecen y árbitros imparciales que las apliquen.
Se trata que en 2018 realmente haya elecciones libres y no una imposición de la ilegalidad.
*Constituyente de la CDMX