“Es claro que quieren que sepamos que nos están espiando, quieren hacernos sentir vulnerables, que sepamos que ellos saben de nuestros hijos, que ellos saben de nuestras vidas privadas, pero también de nuestras vidas laborales (...) y todo para lo mismo, a buscar la intimidación, el acoso y la censura”. Así lo afirmó el periodista Carlos Loret de Mola en un video que se transmitió durante la conferencia de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas sociales, abogados y economistas, todos afectados por la intervención ilegal de comunicaciones privadas.
La pregunta es quiénes han sido y por qué. ¿Quiénes se han infiltrado en los teléfonos celulares de estas personas, quiénes los han considerado “enemigos del Estado” para violar su derecho a la privacidad? ¿Quiénes han sido los que, sin un mínimo de ética ni respeto por la ley, han vulnerado no solo el derecho de hombres y mujeres que en algún momento han cuestionado al gobierno federal, sino también el de sus familias, esposas e hijos adolescentes?¿Por qué han sido considerados una amenaza, cuando lo único que han hecho es ejercer su profesión y vocación, de reporteros, comunicadores, activistas sociales, investigadores, ciudadanos comunes, como cualquier mexicano?
Lo revelado por el diario estadounidense The New York Times es grave considerando que en los 15 últimos años han sido asesinados 109 periodistas en nuestro país, así como decenas de activistas de organizaciones sociales. Es grave porque millones de mexicanos viven con miedo e incertidumbre en municipios azotados por bandas criminales que corrompen, asesinan, secuestran y roban la tranquilidad de las familias mexicanas. Que quede bien claro: ellos son los verdaderos enemigos del Estado mexicano.
El gobierno tiene que dar la cara ante estos señalamientos, no puede deslindarse de esa responsabilidad y dar respuesta a través de un comunicado, o decir que ya cumplió al pedir que denuncien el caso ante las autoridades, cuando fueron ellos los que excedieron los límites que establece la ley.
Debe haber congruencia de parte del gobierno con lo que ha reiterado sobre defender y garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa, los derechos humanos, el combate a la impunidad y a la corrupción.
Ni las autoridades, ni la opinión pública, ni los partidos políticos, ni la sociedad civil, debemos tolerar que se viole la ley. No podemos permitir que este caso quede impune, sin una respuesta contundente por parte de las autoridades responsables de defender a la gente, porque de ser así solo se estaría dando por hecho que los enemigos de este gobierno son los ciudadanos; que no habrá ley alguna que pueda detener la violación de cualquier otro derecho o libertad, y que cualquier mexicano puede ser víctima de un ataque a su privacidad, sin que exista una institución que los proteja.
*Presidenta nacional del PRD
@ale_barralesm