La situación que como país vivimos nos convoca a poner en práctica la gestión y el consumo responsable de los recursos naturales, con el fin de transitar hacia un desarrollo sostenible. De ahí la preocupación por el agotamiento irreversible de los ecosistemas como consecuencia de su aprovechamiento ilícito e irracional, así como por la negligencia y abandono para preservar los que son básicos para la supervivencia.
En este marco se inserta el grave problema de las descargas residuales no controladas, tanto municipales como industriales, que contaminan los ríos Atoyac, Xochiac o Hueyapan y sus afluentes, en agravio de quienes habitan y transitan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en Puebla, así como en Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en Tlaxcala, afectando a la población en el goce de sus derechos humanos a un medio ambiente sano, y al acceso y saneamiento del agua, reconocidos en la Constitución y los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país.
A pesar de que el problema es del conocimiento de autoridades federales, estatales y municipales, y que existe publicada una Declaratoria en que se especifican límites rigurosos de descarga de contaminantes, aún están pendientes las acciones para atender el caso.
Tales irregularidades fueron motivo de queja ante la CNDH contra autoridades de los tres órdenes de gobierno, por la falta de estrategias en el proceso paulatino de urbanización e industrialización en dicha zona.
La CNDH efectuó una investigación exhaustiva y profesional, mediante la cual acreditó la responsabilidad de servidores públicos de la SEMARNAT, CONAGUA, PROFEPA, COFEPRIS, los gobiernos de Puebla y Tlaxcala y autoridades de los municipios mencionados, que por acción y omisión no garantizaron el derecho a un medio ambiente sano, al saneamiento del agua y al acceso a la información.
De esta manera, se puso en relieve que la contaminación del agua por sustancias químicas, como metales pesados y contaminantes orgánicos, pueden acumularse en los organismos de las personas, fauna y flora, teniendo el riesgo de causar efectos carcinógenos y otros efectos adversos en los sistemas reproductivo, inmunológico, endócrino y en el desarrollo.
No se trata de un asunto menor, de ahí que por ello la CNDH haya emitido la Recomendación 10/2017, que incluye 100 puntos para las distintas autoridades que permitan frenar el deterioro al medio ambiente y, en lo posible, revertir el daño causado.
La CNDH estima imprescindible la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales por parte de las autoridades competentes.
Urge, pues, una política transexenal en el manejo y cuidado del agua, ante la disminución en cantidad y calidad de los recursos hídricos, con el fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho humano al acceso al agua.
Hoy, como nunca, debemos reconocer el rostro humano de los temas ambientales y motivar que todos seamos agentes activos del desarrollo sostenible, que nos permita asegurar un ambiente sano y el disfrute de todos los derechos que dependen de él.
*Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos