The New York Times reveló ayer que activistas y periodistas han sido espiados por el gobierno del presidente Peña por medio del malware Pegasus, comprado por la Secretaría de la Defensa, la Procuraduría General y el Cisen.
En el mundo persiste un gran debate sobre la conveniencia de comprometer y afectar los derechos civiles en la intención de proteger la seguridad internacional y de los países; las medidas aprobadas en Estados Unidos tras los ataques terroristas de 2001 son uno de los ejemplos más claros de esta dicotomía.
En México esto trasciende la violación de los derechos civiles: todo indica que para espiar a los periodistas Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga y Salvador Camarena; a Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y a Juan Pardinas, director del IMCO, el gobierno peñista no obtuvo una orden de un juez, lo que significaría haber incurrido en un hecho violatorio de las leyes. Uno más.
Citizen Lab, un centro de la Universidad de Toronto especialista en seguridad global, advierte que esta forma de espionaje en México es la peor experiencia de la que ha tenido conocimiento; en magnitud la han encontrado solo en Etiopía, Emiratos Árabes y en gobiernos autocráticos.
En términos políticos se trata quizá del asunto más crítico –por sus alcances legales, 
institucionales y en el plano internacional– que haya enfrentado el gobierno peñista.
Si en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa persistió un sólido rechazo oficial a la interpretación de que el responsable era el Estado, esta revelación de espionaje no parece dejar ni un espacio de un milímetro para el deslinde de responsabilidades institucionales recurriendo a la práctica de chivos expiatorios.
La compra del malware Pegasus, un software malicioso de la firma israelí NSO Group que se vende a gobiernos, solo pudo ser autorizada al más alto nivel.
Esto lleva a otra situación preocupante vinculada a los precarios márgenes de aprobación –2 de cada 10 mexicanos– del Presidente Peña: las dos revelaciones de espionaje –la primera a principios de año– involucran al Centro de Derechos Humanos más importante del país, a periodistas que han documentado casos de corrupción oficial y a activistas que denunciaron presiones y sobornos contra el impuesto a las bebidas azucaradas.
Diez organizaciones civiles abandonaron la Alianza para el Gobierno Abierto, una mesa de diálogo con autoridades. Esto significa una ruptura de pronóstico reservado con una parte importante de la sociedad civil.
“Estamos ante un episodio dictatorial de un gobierno que usa al Estado para sus intereses de grupo y para ocultar la corrupción”, me dijo anoche Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, uno de los espiados. "Es la descomposición de un gobierno vacío de legitimidad".
Anoche la administración peñista continuaba hundida en un silencio solo comparable a la magnitud del malware Pegasus y sus instrumentos de espionaje.
Columna anterior: La rebelión contra Peña
institucionales y en el plano internacional– que haya enfrentado el gobierno peñista.
Si en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa persistió un sólido rechazo oficial a la interpretación de que el responsable era el Estado, esta revelación de espionaje no parece dejar ni un espacio de un milímetro para el deslinde de responsabilidades institucionales recurriendo a la práctica de chivos expiatorios.
La compra del malware Pegasus, un software malicioso de la firma israelí NSO Group que se vende a gobiernos, solo pudo ser autorizada al más alto nivel.
Esto lleva a otra situación preocupante vinculada a los precarios márgenes de aprobación –2 de cada 10 mexicanos– del Presidente Peña: las dos revelaciones de espionaje –la primera a principios de año– involucran al Centro de Derechos Humanos más importante del país, a periodistas que han documentado casos de corrupción oficial y a activistas que denunciaron presiones y sobornos contra el impuesto a las bebidas azucaradas.
Diez organizaciones civiles abandonaron la Alianza para el Gobierno Abierto, una mesa de diálogo con autoridades. Esto significa una ruptura de pronóstico reservado con una parte importante de la sociedad civil.
“Estamos ante un episodio dictatorial de un gobierno que usa al Estado para sus intereses de grupo y para ocultar la corrupción”, me dijo anoche Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, uno de los espiados. "Es la descomposición de un gobierno vacío de legitimidad".
Anoche la administración peñista continuaba hundida en un silencio solo comparable a la magnitud del malware Pegasus y sus instrumentos de espionaje.
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