Hace años que las clases políticas y electorales de este país tienen un miedo infundado, casi paranoico, al voto de los mexicanos en el exterior, que los empuja intermitentemente a comportarse con ruindad en contra de los migrantes.
En el imaginario de los gobernantes, soltar a la diáspora toda la rienda de su sufragio significaría que 12 millones de mexicanos se volcarían a las urnas para castigar y hasta establecer un gobierno de larga distancia desde Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Dallas... que enjuiciaría privilegios pactados entre cúpulas domésticas.
Pero la realidad es que el voto exterior, hoy por hoy, no es una amenaza y ni siquiera un contrapeso, según las experiencias binacionales e internacionales.
En países como Bélgica, donde los derechos políticos desde el exterior tienen todas las facilidades, la cifra de participación es de 30%, con todo y el alto nivel educativo, las estrategias que incluyen a familiares para acudir a las urnas en representación del ausente y el voto por internet.
En México, la participación es casi simbólica: en las elecciones presidenciales de 2012 votaron alrededor de 59 mil, para las elecciones locales del próximo domingo en el Estado de México y Coahuila se recibieron sólo 517 sufragios de paisanos.
Sucede que el sistema está hecho para bloquear su participación. La negativa al sufragio electrónico es una de las últimas mezquindades: en marzo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, anunció que “no hay condiciones” que den garantías a las urnas electrónicas con miras a las elecciones de 2018.
¿Qué no hay condiciones? ¡Por favor! Desde 1996, cuando se eliminó de la Constitución la frase “los mexicanos votarán sólo en los distritos electorales”, que impedía el sufragio exterior, una comisión de expertos, pagada por la Cámara de Diputados, determinó que era viable tanto el voto postal como el electrónico.
O sea, ¿en 20 años no han logrado un sistema electrónico confiable? La verdad es que nunca ha gustado la idea de que la diáspora meta sus narices con nuevas ideas y hasta exigencias de transparencia.
En 2005, el legislativo creó un complicado voto postal e hizo obligatoria la credencial para votar con fotografía vigente, aún cuando a muchos inmigrantes se les había vencido y no podían regresar a México por ser indocumentados y la credencialización del INE en los consulados se autorizó hasta el año pasado.
Otro asunto es la falta de interés del mexicano, sea fuera o dentro del país. En los últimos años, tanto demócratas como republicanos apostaron con poco éxito para hacerse del “voto latino” o “gigante dormido” que no ha querido participar y finalmente definir elecciones o defenderse de éstas, como ocurrió con los ataques de Trump.
Con todos los precedentes está más que comprobado que el voto migrante dista mucho de ser masivo, y de la creencia que podría ser un obstáculo para los partidos políticos, y está más cerca de la necesidad de garantizar los derechos políticos de todas las personas por el bien común.