A raíz de la emisión de la Constitución Política de la Ciudad de México y la consecuente publicación del código electoral local, existen importantes cambios en la estructura y atribuciones del Tribunal Electoral local que le permiten contar con una mayor capacidad para coadyuvar en la construcción de una cultura democrática.
En ese sentido, se creó la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos; se aumentaron las atribuciones de la Coordinación de Género y Derechos Humanos y se consolidó al Tribunal como autoridad electoral con labores de promoción y divulgación de la cultura democrática.
La nueva Defensoría tendrá como finalidad brindar de manera gratuita los servicios de asesoría y defensa en los procesos democráticos y de participación ciudadana en la Ciudad que se solventen ante el Tribunal. Se trata de un órgano que tiene por objeto hacer accesible a las y los habitantes de la Ciudad, y a las organizaciones de representación ciudadana electas en las colonias, barrios y pueblos originarios, el acceso a la justicia en la materia y hacer efectivos sus derechos.
También se añadieron atribuciones a la Coordinación de Género y Derechos Humanos, pues entre otras, ahora se incluye el verificar la incorporación y transversalidad de la perspectiva de género y Derechos Humanos en la planeación, programación y presupuesto anual; y coordinar la formación, capacitación y certificación del personal en materia de género e igualdad sustantiva, así como Derechos Humanos.
Las magistradas y magistrados del Tribunal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 176 del código, pueden promover y divulgar la cultura democrática, dentro o fuera del tribunal, observando los principios rectores de su actividad. La cultura democrática, implica el ejercicio de una ciudadanía integral que no se limita al ejercicio del derecho a votar, sino que requiere de una ciudadanía informada, conocedora de sus derechos y capaz de ejercerlos, e interesada en lo público; además de un Estado de Derecho.
La debilidad de la cultura ciudadana de las y los mexicanos debe ser contrarrestada, de manera que todas las instituciones públicas, en el marco de sus atribuciones, tienen el deber de sumarse. En ese sentido, el Tribunal está listo para aportar su capacidad instalada, experiencia técnica y compromiso institucional en aras de consolidar una cultura democrática.
Es de mencionar que la confianza depositada al Tribunal por parte de la Asamblea Legislativa, órgano que aprobó la legislación electoral local, nos compromete a ser aún más activos en la construcción de una cultura democrática. Felicitamos al órgano legislativo de la Ciudad por el trabajo realizado, pues hoy contamos con una ley acorde con las exigencias ciudadanas y sociales actuales.
*Presidente del Tribunal Electoral de la CDMX