Es de conciencia social, de poner en la mesa a nuevos jugadores y acabar con los monopolios de empresas de Gas LP. ¿Se imagina usted solicitar a su gasero o llegar a una estación de servicio y comprar la cantidad de este combustible de acuerdo al alcance de su bolsillo?
En países de América Latina, como Brasil, ya existe la opción. La población tiene acceso a expendios y van con quien les ofrezca más barato y un mejor servicio; el precio de este energético (que lo utiliza el 85 por ciento de las familias mexicanas), lo determina el mercado y no las autoridades, lo que permite tener mayor competencia.
En México, el tener acceso al número de kilos de Gas LP que cada usuario quiera y pueda pagar es un tema que está en los cajones de Alejandro Carabias Icaza, jefe de la Unidad de Normativa y Regulación de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), quien le ha dado largas a los gaseros del país y me refiero a todos, quienes como gremio nos contaron que la respuesta de esta institución “es que lo están viendo”, pero no hay para cuándo.
Esta iniciativa surgió porque el relleno de cilindros portátiles de gas Licuado de Petróleo (LP) es una práctica común entre la población que gana menos de cinco salarios mínimos. La actividad es de alto riesgo, tanto para las comunidades como para las empresas que prestan el servicio. Como respuesta a esta problemática se creó la figura “Permiso para estación de Servicio para fin específico en la modalidad de trasiego o relleno parcial o total de cilindros de gas LP”, para la cual es necesario que la ASEA desempolve la iniciativa y emita la norma oficial mexicana denominada Nom-004-ASEA-2016.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Ulises Ramírez Núñez, ya le entró al tema y nos dijo en dónde están los avances del Congreso después de que como legisladores aprobaron una Reforma Energética. El espíritu era dar más oferta, con una guerra de precios y mejoras en el servicio.
Mientras se resuelve o no, los cilindros convencionales de 20 kilos pasaron de 260 pesos a 316 pesos y esto representó que las familias tuvieran que pagar 56 pesos más por el mismo tanque, y si en promedio cada hogar consume dos unidades al mes, quiere decir que se está afectando mensualmente en más de 110 pesos la economía de las familias mexicanas.
De acuerdo con el registro de costos máximos que los distribuidores están obligados a reportar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los estados más afectados son Baja California Sur, Quintana Roo, Sonora, Jalisco y Michoacán, siendo el primero el que tiene el precio más alto del todo país.
Los gaseros dicen estar listos para vender lo que el cliente pida, pero para destrabar este problema, sospechan que las autoridades van a esperar a que se acerquen las elecciones de 2018 y utilizar el esquema de bajos precios como una bandera para ganar votos. ¿Será?
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